La Junta reacciona a una reclamación al año de haber muerto una persona dependiente

Su familia reclamó durante 38 meses el traslado del expediente y recurrió hasta al Defensor

Hay días de recuerdo tristes. Un folio con sello oficial hizo que para Cristóbal Serrano uno de ellos tuviera un especial regusto amargo. A sus padres, J. A. S. T. y A. C. F., les fue reconocida una situación de dependencia, en el caso del primero «la máxima» y en el de su madre «de grado II, nivel I», explica a LA RAZÓN. Tras una larga y agónica enfermedad por la que permaneció en coma casi un año, su progenitor murió el 13 de diciembre de 2011 en el interior de un domicilio de Torreblascopedro (Jaén). Esa pérdida hizo que el estado de salud de A. C. F. «empeora de forma notable» lo que movió a los tres hermanos que componen el núcleo familiar a «trasladarla a Córdoba» donde residen. Y a partir de ahí comenzó para ellos una noria de peticiones movida por un fin: pelear por un derecho de su madre.

«Hemos mantenido a pulmón la dependencia» ha repetido en múltiples ocasiones la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Una frase que suena a hueco en el seno de esta familia que cuenta con numerosa documentación que ayuda a que nada escape a la memoria. Han presentado un rosario de escritos desde 2012, cuando A. C. F. contaba con ayuda domiciliaria una hora y media de lunes a viernes. En febrero de aquel año trasladaron al Ayuntamiento de Torreblascopedro «todos los documentos acreditativos necesarios para comunicar el cambio de localización y el de expediente a Córdoba». Pasaron un año, dos, tres y nada se hizo. En medio, se han dirigido a «prácticamente todos los estamentos administrativos que de una u otra manera podrían estar relacionados con el asunto» en una maraña de instancias y recurso, admite Serrano.

De hecho, registraron quejas en el consistorio de la capital cordobesa; y otras dirigidas al Gobierno andaluz por, entre otras cuestiones, la tardanza en resolver la modificación de lugar o para que se abonara a una hija «el importe de la prestación económica de la dependencia». Y eso no fue todo. Remitieron también alrededor de una decena de escritos al Defensor del Pueblo estatal, institución desde la que les respondieron a menudo, según ha podido comprobar este periódico, que no habían recibido «la información solicitada» a la actual Consejería de Igualdad y Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico. Una Administración a la que llegaron a recordar incluso «su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril». En mayo de 2015 «se activó de nuevo el programa de la dependencia», tras una demora de más de tres años, unos 38 meses, aunque «le rebajaron la prestación a una hora» los mismos días a la semana. Luego, aquel diciembre, y ante el «mal funcionamiento» de una Administración fuera de cobertura, los familiares solicitaron que «se instruyera un expediente de responsabilidad patrimonial por el tiempo que, aun teniendo concedida la ayuda, no se la prestaron». En total sobre unas 800 horas, según los cálculos que llevó a cabo Serrano.

En octubre del 2016 diagnosticaron a A. C. F. un cáncer que le costaría la vida a los tres meses menos un día después: falleció el 5 de enero de este año en casa de su hija en Córdoba. Pero esta historia no acaba ahí.

El 12 de diciembre de 2017, una jornada antes del sexto aniversario de la muerte de J. A. S. T y casi un año después de la de quien fue su esposa, hubo una inesperada recepción: «La notificación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de que se había designado instructor para el expediente» por aquella reclamación de 2015, relata Serrano, quien lamenta «la macabra y triste coincidencia», la «broma de mal gusto». Este diario ha consultado ese documento de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía donde, en efecto, se le hace llegar una copia de la resolución de la dirección de ese ente por la que se nombró «órgano instructor para determinados procedimientos de responsabilidad patrimonial» delegados a la agencia «para su tramitación y resolución», entre los que se incluía el iniciado por el hijo de A. C. F. Éste pide ahora a la Administración andaluza que se trate con «más sensibilidad» este tema y «todos los relacionados» con los «mayores». No quiere que lo «sufrido» por su familia se repita.