La Junta se acopla al calendario electoral y pide ahora endeudarse para devolver la extra

La Junta de Andalucía no quiere quedarse atrás en la ristra de promesas electorales que, de cara a los comicios generales, ya se están planteando. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha pedido por carta al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, un mayor endeudamiento para poder pagar el 25 por ciento de la paga extra de 2012 a los funcionarios, empleando para ello mecanismos similares a los aprobados la semana pasada por el Gobierno central. De esta manera, el Ejecutivo andaluz pretende acompasar su acción de gobierno con el calendario electoral y hacer campaña contentando a un colectivo que ha venido reclamando reiteradamente la devolución de esta paga, puesto que los funcionarios andaluces son los únicos de toda España que no han recibido ninguna cantidad todavía.

El Ejecutivo de Rajoy, en concreto, se endeudará en 630,57 millones de euros adicionales para costear parte de la paga extraordinaria eliminada, además de otros gastos como la compra de carros de combate o el abono de pagos pendientes de los ministerios de Fomento y Agricultura. Las devoluciones se efectuarán a comienzos del mes de octubre, concretamente un 26,23 por ciento, cantidad que se suma al 25 por ciento que se abonó en enero. En cuanto a la otra mitad de la paga, está presupuestada para el año 2016, aunque la devolución se hará, como ahora, «según lo vaya permitiendo la economía, aunque en principio se hará en dos partes, también de acuerdo con las disponibilidades económicas», subrayó Montoro.

La Junta, por su parte, quiere adelantarse al compromiso que ya comunicó la presidenta, Susana Díaz, a los sindicatos justo antes de su baja maternal en julio: abonar un 25 por ciento de la paga extra en febrero de 2016. Entonces, aseguró que se comprometerían entre 190 y 200 millones de euros en el Presupuestos del próximo año para llevar a efecto la medida.

Montero explicó que la Junta hace esta petición a Montoro porque las comunidades autónomas «no somos hijas de un Dios menor, sino que todas son hijas de los mismos ciudadanos que pagan sus impuestos, por lo que debemos tener los mismos beneficios». En declaraciones a Canal Sur Televisión, insistió en sus críticas al Gobierno central remarcando que éste «ha ido jugando con fuego y se ha ido quemando con la mejor parte, siendo además más cicatero con las comunidades».

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, recordó a la consejera que la Junta puede disponer de parte de los 1.700 millones de euros extra que ha recibido del Gobierno central por la liquidación positiva de 2014 para este fin o para lo que «buenamente entienda», siempre que no vaya destinada a amortizar deuda. «Quedará dinero libre y disponible y, si pagarle la paga extra a los funcionarios es una prioridad para Díaz, tiene la oportunidad de demostrarlo porque dinero hay», añadió la dirigente popular, quien instó al Gobierno andaluz a «dejar de buscar excusas y culpables en Moncloa».

Más crítico se mostró el diputado de Podemos y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento, Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien tachó la petición de «tomadura de pelo» y «sinvergonzada». «¿Cómo que pedimos un préstamos a los ciudadanos para pagarnos a nosotros mismos?», se preguntó Moreno Yagüe, quien tildó la medida de «trampa mortal» a la que los funcionarios «deberían negarse». A su juicio, se trata de una petición «basada en el populismo», puesto que los funcionarios «han perdido derechos y poder adquisitivo».

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, confió en que el Ministerio responda positivamente porque Andalucía es una comunidad autónoma «cumplidora» y «está 2,5 puntos por debajo de la media de las comunidades en lo que se refiere a deuda pública», así que «si el Gobierno central quiere ayudar, se le agradecerá».

Nuevas fórmulas tras el «no» de la Cámara

El Gobierno andaluz está en conversaciones con los sindicatos para tratar de encontrar fórmulas que sean las «más ventajosas» para los funcionarios públicos y corrijan el «tremendo error» que, a su juicio, protagonizaron PP-A y Podemos en el Parlamento al rechazar el decreto ley que afectaba a los concursos de traslado y a la promoción interna. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, señaló que si PP-A y Podemos no hubieran rechazado ese decreto por un interés «espurio de perjudicar al Gobierno andaluz, a día de hoy ya podría estar en marcha la recuperación de derechos, que vienen estando retenidos por distintos recursos».