La Junta tarda dos años en enviar expedientes del ex número dos del PSOE

La empresa no estaba inscrita en el Registro andaluz de centros de formación

Las fechas son concluyentes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reclamó una serie de expedientes a la Dirección General de Formación mediante un escrito de fecha 2 de febrero de 2015. En concreto, se trataba de subvenciones de cursos vinculadas al entramado empresarial de Rafael Velasco, ex número dos del PSOE andaluz –con Griñán de secretario general y Susana Díaz de número tres–. La respuesta de la Junta se ha dilatado tanto en el tiempo que la Benémerita ha presentado un escrito en los juzgados de Sevilla el pasado 20 de marzo, a la atención de la jueza María Nuñez Bolaños, en el que lamenta la actitud de la Administración andaluza.

A la tardanza en recibir la documentación y que aún hoy no está íntegra, hay que sumar que el trabajo realizado no satisface a los agentes de la Guardia Civil porque es incompleto y no se ciñe a lo requerido. Según mandató el juzgado, la citada Dirección General –dependiente entonces de la Consejería de Educación, hoy de Empleo– tenía que realizar un análisis de las subvenciones según las pautas dispuestas en los autos de 20 de enero y 4 de marzo de 2015. La realidad, según detallan los agentes en su escrito hecho público ayer por el Partido Popular, es que «con fecha 29 d en noviembre de 2016» ya se trasladó al juzgado «que el contenido de la información aportada por la Dirección General de Formación no se correspondía con lo interesado por el juzgado respecto a su análisis». También se apuntaba «cómo la justificación presentada habí asido sistemáticamente aceptada por el órgano gestor o, en algunos casos, éste consdieraba correctamente justificadas cantidades ligeramente inferiores a las presentadas por el beneficiario». Las irregularidades no acaban ahí, porque la UCO aportó que «aquellos expedientes que fueron sometidos a mayor control, no por el órgano gestor, sino por la Intervención Provincial, acabaron en reintegro total o parcial de las subvenciones, lo que vendría a poner en duda la correcta emisión de los certificados justificativos de finalidad emitidos por el órgano gestor».

La investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Velasco contiene otros aspectos clave. Por ejemplo, que los tres últimos expedientes remitidos por la junta tienen una cuantía inferior a 120.000 euros, por lo que las supuestas irregularidades quedarían en el ámbito administrativo. Irregularidads que, en apariencia, han existido. De hecho, apunta la Guardia Civil en su escrito que una de las subvenciones de 41.296,50 euros presenta «las mismas características que los posteriores, sobre los que se abrieron expedientes de reintegro». Sin embargo, en este caso, no consta que se haya iniciado esta vía.

En un segundo expediente, que ascendía a 82.593 euros a la empresa Aulen Cinco –vinculada a la mujer del ex número dos del PSOE-A– hay un expediente de reintegro porque únicamente «se considera correctamente justificada la cantidad de 2.783,54 euros», es decir, que solo el 3,37 por ciento del dinero recibido fue empleado correctamente.

El informe de la UCO trasladado a Núñez Bolaños se detiene en una ayuda a Aulen Cinco de 41.296 euros, con expediente reintegro abierto porque la beneficiaria presentó «documentos justificativos por importe no subvencionables por un total de 27.957,22». Lo hace porque incluye un informe de la Dirección General de Fondos Europeos en el que el centro directivo apunta que la entidad receptora de la ayuda «no consta en el Registro andaluz de centros y entidades de formación profesional para el empleo» y que no se incluye el informe sobre la aplicación de los criterios de valoración, un trámite necesario.

Por último, los funcionarios informan a la magistrada que siguen esperando que la Junta de Andalucía les remita dos expedientes: una subvención de 28.752,30 euros concedida a Aulen Cinco y otro, relacionado con Faasa –sociedad investigada en otro sumario judicial relacionada con el denominado «cártel del fuego»–, «que fue señalado en oficio de 8 de abril de 2016».

Por su parte, el vicesecretario de Organización y Formación del PP-A, Toni Martín, criticó las «maniobras» de la Junta «para entorpecer las investigaciones judiciales» y advirtió de que «aunque el PSOE intenta echar una losa, el caso de la formación está más vivo que nunca». Martín recordó la «defensa» que hizo la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en 2010 de Rafael Velasco, señalando que era «honesto y honrado y que tanto él, como su familia sufrieron una persecución del PP». «Sería el colmo de la desfachatez que mantuviera la teoría de que esto es una persecución del Partido Popular después de leer el documento de la Policía Judicial», según señaló el dirigente popular. El vicesecretario del PP-A insistió en que «por más que el PSOE y Susana Díaz se empeñen en ello, no vamos a parar de exigir judicialmente que toda esta madeja se aclare y lleguemos al final de las responsabilidades políticas y judiciales».