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Construcción

La licencia municipal de obras del «pelotazo» de Motril «no debió haberse otorgado»

Un informe detalla los «defectos» de los que adolece el plan de movilidad del centro comercial

Las obras para levantar la futura superficie comercial arrancaron hace semanas
Las obras para levantar la futura superficie comercial arrancaron hace semanaslarazon

Un informe detalla los «defectos» de los que adolece el plan de movilidad del centro comercial

Que existieron dudas legales vinculadas a la movilidad en el ámbito del, para los ecologistas, «pelotazo urbanístico» en torno a un futuro centro comercial que se gesta en Motril (Granada) ya lo adelantó LA RAZÓN, que ahora también ha podido constatar que existe un informe en el que se confirman. Éste se lo encargó la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) a un ingeniero para incorporarlo a un proceso contencioso-administrativo sobre el asunto que acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En ese documento de 30 páginas y consultado por este periódico se analizó en concreto el Plan de Movilidad para la innovación del PGOU del municipio granadino de abril de 2015, «promovido por el Grupo Godoy y elaborado por Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA, así como su adecuación a la normativa y legislación vigente». El técnico concluyó sin medias tintas que aquél adolecía de una hilera de «defectos». Para empezar aseveró que el plan no tenía en cuenta «el Decreto Ley 12/2014, texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía», sino que estaba «basado» en un decreto legislativo anterior. A ello sumó que no cumplía «la Orden del Ministerio de Fomento, de 16 de diciembre de 1997», en relación a «los accesos» y a los informes sobre éstos «respecto a la redacción, revisión o modificación del instrumento de planeamiento urbanístico, a los que se refieren los artículos 10.2 de la Ley de Carreteras y 21.1 del Reglamento General» de éstas.

El ingeniero puso el foco además en que «la metodología utilizada en el cálculo de la capacidad de las vías que permitirían» acceder a la zona del centro comercial era «incorrecta» por lo que se llegó a «conclusiones erróneas en cuanto a su capacidad y nivel de servicio». «El tipo de intersección proyectado –asevera en su trabajo– parte de hipótesis que carecen de justificación, no es el adecuado para el flujo de tráfico futuro de las vías, siendo insuficiente la capacidad de la misma para el tráfico generado e inducido por el centro comercial, observándose deficiencias en su diseño», despejó. Se refiere luego al estudio de tráfico en concreto para alertar de que «no evalúa adecuadamente el importante riesgo para la seguridad vial que puede suponer el incremento» del mismo e hila que la «deficiencia observada en los accesos» al área «impide la correcta aplicación del obligado Plan de Autoprotección». El experto infirió que el nivel de servicio de la carretera y de la glorieta de entrada «deberían haber impedido la aprobación del Plan de Movilidad» y por ende la del de «Innovación del PGOU de Motril UE-MOT-21». Tampoco deberían de haberse dado, a su entender, el visto bueno al «Proyecto de Urbanización ni cualquier otra figura urbanística» dimanada del anterior como el «de Reparcelación». No se daban tampoco las condiciones, en su opinión, para la autorización del «Estudio Ambiental Estratégico» al vulnerarse «sus condicionantes» ni para adecuarse al Real Decreto 1/2012, Ley de Comercio Interior de Andalucía, relativo a la licencia municipal de obras, que, determina al final de su análisis, no debió «haberse otorgado».

Más datos

* Ecologistas en Acción también interpuso un recurso contencioso-administrativo en los juzgados contra el Ayuntamiento de Motril y contra «la aprobación definitiva del proyecto de urbanización» denominado «UE MOT-21».

* La organización conservacionista presentó otro recurso contencioso contra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz y contra la Orden de 5 de junio de 2017 por la que se resolvió el visto bueno final a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «SUE UE MOT-21» que le tocará dirimir a magistrados del TSJA.