La oposición en bloque demanda más tiempo para enmendar la ley de sostenibilidad sanitaria de la Junta

Fue uno de los anuncios de la presidenta de la Junta, Susana Díaz: el Gobierno andaluz iba a garantizar por ley las prestaciones sanitarias. Lo hizo en junio de 2015 durante una visita al Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla (IBIS). Desde entonces, hace dos años, se ha hilado hasta casi hacer norma. El proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía con el que el que el Ejecutivo regional persigue blindar la sanidad ya superó el pasado marzo el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento autonómico, tras rechazarse la enmienda global, con propuesta de devolución, que planteó el PP-A, por los votos de PSOE-A, Podemos, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA. Pero los obstáculos que podrían dificultar la planicie de la aprobación de la ley de acuerdo a los calendarios propagandísticos aún no han acabado. A petición de los grupos parlamentarios de todos los partidos de la oposición, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IU, la Mesa de la Cámara andaluza acordó en su reunión del pasado 31 de mayo prorrogar el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del proyecto de ley de sostenibilidad de la sanidad hasta el próximo 21 de junio. Así se puede comprobar en el Boletín Oficial del Parlamento regional (BOPA), en el que se asegura que se hizo «de conformidad con lo previsto

en el artículo 96 del Reglamento» parlamentario. Fue el ya ex consejero de Salud, Aquilino Alonso, el encargado de defender en el plenario la futura norma y afirmó que su objetivo es proteger el sistema sanitario ante situaciones de crisis o tentativas de desvirtuar su carácter público y prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades. Será su sustituta, Marina Álvarez, quien afronte las críticas de la oposición y pueda verla aprobada al frente de Salud.