La Policía se reafirma en que Faasa «cometió irregularidades» para lograr «capital público»

Insiste en que las anomalías «sobrepasan el ámbito administrativo», pese a las «histriónicas» alegaciones de la entidad

El «caso Infoca» arrancó al detectarse presuntas irregularidades en la contratación de medios aéreos para la lucha contra el fuego (Foto: Efe)
El «caso Infoca» arrancó al detectarse presuntas irregularidades en la contratación de medios aéreos para la lucha contra el fuego (Foto: Efe)

Insiste en que las anomalías «sobrepasan el ámbito administrativo», pese a las «histriónicas» alegaciones de la entidad

La Policía defiende la «ingente y pormenorizada» labor que ha desplegado en el ámbito del denominado «caso Infoca», que surgió a partir de la denuncia de un funcionario del Gobierno autonómico sobre presuntas anomalías en la contratación de medios aéreos para el plan que da nombre a la causa, con el análisis de «más de 80.000 documentos», e insiste en que la empresa Faasa «ha aprovechado a beneficio propio» cuando «el control de la Junta de Andalucía ha sido insuficiente». Replica en un informe las alegaciones a lo actuado que la sociedad señalada elevó al juzgado, para reafirmarse en la existencia de indicios que «fundadamente apoyan que las irregularidades cometidas» por la mencionada entidad en la petición de subvenciones, una de las ramas en las que ha derivado el proceso judicial, «sobrepasan el ámbito administrativo» y no creen necesario retractarse de «ningún aspecto fundamental de la investigación», pese a lo contraargumentado por la mercantil cordobesa.

«Consideramos que las irregularidades cometidas por Faasa para la obtención de subvenciones –se asevera en el documento policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN– tenían una intencionalidad previa dirigida a la consecución de capital público al margen de los requisitos establecidos para ello. Materialmente, tanto la cuantía de lo presuntamente defraudado como el ‘modus operandi’, reviste, indiciariamente, caracteres de delito (facturación en concepto de alquiler de espacios propios, elevación desorbitada de sueldos a cargo del erario público, falsedad en lo declarado ante la Administración, etc)», aseveran los investigadores. Es más, llegan a tachar las alegaciones de Faasa de «histriónicas y calumniosas en su forma» e «inconsistentes en su contenido», antes de realizar peticiones a la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores, quien dirige las prolijas pesquisas, para avanzar en la causa. Tras desgranar de nuevo el catálogo de anomalías detectadas, ponen en tela de juicio once expedientes de ayudas para formación, ocho de empleo y al menos dos de subvenciones para infraestructuras, innovación y desarrollo; en total veintiuno. A partir de ahí, demandan de la magistrada que autorice el traslado de una copia de las actuaciones a la Intervención General de la Junta «a fin de fomentar el trabajo multidisciplinar y el uso conjunto de la información, para que, con el conocimiento de los indicios obtenidos en la investigación policial», sólo con aquéllos que compartan, matizan, lleven a cabo «una pericial cuantitativa aproximada de la cantidad de fondos públicos que, a su juicio, ha obtenido Faasa de manera irregular, completando o incluyendo alguna conclusión si lo estiman oportuno». La Policía pretende además que se solicite a quienes ocuparan el puesto de director general de Formación y Empleo entre 2005 y 2015 que «se pronuncien» acerca de si los diseccionados fondos asignados a Faasa «reunían los requisitos de subvencionalidad requeridos por el Fondo Social Europeo a la luz de la finalidad de las mismas», si ésta fue «debidamente justificada», si esas ayudas «eran compatibles con las de Innovación para una misma beneficiaria y periodo temporal» y «si la documentación facilitada por la entidad era suficiente para la concesión» del dinero. Y a similares cuestiones quiere que respondan también los máximos responsables durante la misma etapa de la agencia IDEA de la Junta respecto a los dos expedientes de innovación mencionados. Busca progresar en una investigación que entiende bien amarrada.

Una versión “sesgada” para la empresa

* Faasa siempre ha negado que haya cometido irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación y otras materias que le otorgó durante años el Gobierno andaluz.

* De hecho, en su escrito de alegaciones avisó al juzgado instructor del «sesgo» de los informes de la Policía respecto a ella.

El traslado de parte de la causa a un juzgado cordobés, en el aire

La instructora del «caso Infoca», María de los Reyes de Flores, ha mandatado, vía providencia, que se libre mandamiento al Registro Mercantil de Córdoba para que «certifique si la mercantil Faasa Aviación SA está domiciliada en Palma del Río». Lo hizo después de que la Fiscalía planteara en un escrito, consultado por LA RAZÓN, la posibilidad de que no corresponda al juzgado de Sevilla «la competencia para el conocimiento de forma separada del posible fraude en subvenciones cometido por la empresa –aspecto en el que se ha centrado la causa a la espera de que se resuelva la inhibición del juzgado en favor de la Audiencia Nacional en lo relativo a la contratación de medios aéreos para el Plan Infoca por las conexiones con el llamado 'cártel del fuego’–», ya que de lo actuado se desprende «de forma inequívoca» que la mercantil «tiene su sede social y domicilio social y fiscal» en Palma del Río. El Ministerio Público sostiene que, «de existir esa defraudación de subvenciones, correspondería» al juzgado de Instrucción de esa localidad «el conocimiento de las actuaciones», dado que esa supuesta conducta delictiva «se comete» por la beneficiaria de los fondos «en el lugar donde se produce la recepción» de éstos. Si bien, la federación sevillana de Ecologistas en Acción, ente personado en el proceso judicial, ha trasladado a la jueza en otro escrito, que «existen determinados casos especiales en donde la acción y el resultado del delito se producen en lugares distintos». «En el presente caso –se explica en el documento– gran parte de las subvenciones han sido obtenidas directamente de la agencia IDEA», perteneciente a una consejería de la Junta con sede en Sevilla. Siendo ésta la que reparte las ayudas y, «habiendo salido» de ahí «los fondos con los que se han pagado las mismas», entiende Ecologistas, en línea con «la doctrina del Tribunal Supremo (TS)», que el juzgado sevillano «sigue teniendo la competencia territorial» sobre el asunto.