Las ONG dudan de la gestión de la Junta: «¿Qué está pasando con nuestro dinero?»

El Observatorio de Desigualdad denuncia la nula información sobre el gasto y las evaluaciones de los planes específicos.

Mil millones menos destinados a la infancia en cuatro años; 1,43 millones de trabajadores cobrando por debajo del salario mínimo; y el 35,7% de andaluces en riesgo de pobreza o exclusión social. Ésas son las cifras sobre la que el Observatorio de Desigualdad de Andalucía –integrado por ONG, entidades sociales y universidades, hasta un total de 19– trabaja para conocer la realidad de la comunidad. Su principal escollo es saber qué destino tiene el dinero consignado en los Presupuestos de la Junta y si realmente llega a gastarse la totalidad. «¿Qué está pasando con nuestro dinero y dónde se está invirtiendo?», cuestiona Sonia Díaz, responsable del órgano recientemente creado y de Intermón Oxfam. «Algo está fallando y cuando lo detectemos se podrá exigir a la Administración que cumpla», insiste.

Desde su experiencia en cooperación internacional al desarrollo esgrime la falta de ejecución presupuestaria en esta parcela como ejemplo: en el período 2008-2010 se emplearon el 85% de las partidas. A partir de esa fecha, el presupuesto y especialmente el gasto real cayeron en picado. Según los datos facilitados por Intermón, en 2014 se consignaron 30 millones para cooperación; el año pasado, fueron 49 millones, de los que 25 millones iban a canalizarse a través de la convocatoria de subvenciones a ONGD, que finalmente fue suspendida. Las entidades afrontan además de drásticos recortes un retraso en el pago de los compromisos que amenaza su frágil situación financiera. Los ayuntamientos tampoco han acompañado en su esfuerzo: la inversión en 2013 fue un 73% inferior a la de 2008. El análisis de Intermón reflejan que en 2012 Andalucía solo gastó 44 de los 75 millones comprometidos; en 2011, 79 de 93 presupuestados. «Hay un juego entre la consignación presupuestaria y la ejecución. No es fácil monitorizarlo», recalca Díaz. De hecho, las partidas suelen incluirse de forma genérica en ámbitos como educación, salud o bienestar social. «No es nuestra intención cubrir las carencias de las administraciones, si no formular indicadores precisos que nos permitan medir la evolución de la desigualdad y que rindan cuentas sobre ello. Ahora no lo hacen», asegura.

El dinero destinado a la infancia, por ejemplo, es difícilmente controlable. Así lo denuncia Unicef Andalucía, que ni tan siquiera ha podido conocer la evaluación del I Plan Integral de la Infancia, extinto en 2007. Durante este ejercicio, los Presupuestos contemplan que se active el II Plan. «Deberíamos conocer antes cómo concluyó el anterior para evaluar la situación antes de iniciar el segundo, pero la Junta no lo facilita», denuncian.

«Las políticas de inversión son pocas y poco eficientes. Es necesario que se visibilice a la infancia en los Presupuestos porque de otra manera es difícil analizar si se están empleando bien esos fondos», opina Maribel Martínez, coordinadora de Unicef-Comité Andalucía, adherida al Observatorio de Desigualdad y cuyo primer informe sobre la infancia en la región fue presentado recientemente. «Los datos son tremendos en Andalucía. Es verdad que hay cuestiones que se están abordando aquí que en otras comunidades no, como la educación de 0 a 3 años o los decretos de exclusión e inclusión, pero el rostro de la crisis y la pobreza es el de un niño», lamenta. El análisis que han realizado respecto a la evolución de la inversión por niño entre 2007 y 2013 desvela un retroceso de 302 euros, un 7,5% menos. Atendiendo específicamente por áreas, en educación el descenso fue del 5%; en salud, el 4%; mientras que en servicios sociales, menor y familia la caída ha sido del 40%, pasando de 342 a 204 euros. La única subida se ha producido en lo relativo a prestaciones sociales, que se ha duplicado. Globalmente, respecto a 2010, el gasto ha caído en mil millones: de 7,4 a 6,4 mil millones. Eso sobre el papel ya que calcular el gasto efectivo se complica, aseguran, al no disponer de información al respecto.

La desigualdad también respecto a otras regiones es patente: la tasa de riesgo de pobreza se ha incrementado 8,4 puntos desde 2008 y en España lo ha hecho 2,3 puntos. Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, es otro de los integrantes del Observatorio. En su último informe, destaca el impacto negativo sobre los sueldos en el período de crisis económica, con una bajada del 7,13%, casi el doble que la media nacional. El salario medio se ha situado en nuestra comunidad en 14.365 euros anuales, 1.103 menos que en 2010 –media nacional del 3,6% en quienes no perdieron su trabajo, con un salario medio anual de 18.420 euros, 693 menos que en 2010–.

El análisis de Gestha evidencia el empeoramiento de las condiciones de vida en general y de los andaluces en particular, con un 42,2% de trabajadores con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que implica un crecimiento de cinco puntos hasta 2013.

Este empobrecimiento de los trabajadores ha provocado que se dispare el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social al 35,7%, hasta situarse en casi tres millones de andaluces, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato critica medidas que ahondan en la desigualdad como que parados sin prestaciones y personas sin ingresos se queden fuera de las exenciones fiscales por familia numerosa o discapacidad articuladas en la última reforma fiscal del Gobierno. Desde Unicef reclaman una ayuda directa por hijo a cargo de la Seguridad Social que pasara de los 291 euros actuales a 1.200, no ligada a desgravaciones en la Renta para familias numerosas, de las que hay 110.000 reconocidas en la comunidad. Su estimación es que con un gasto de 3.068 millones al año se reduciría un 30% la pobreza infantil severa.

El Pacto por la infancia es otra de sus reclamaciones. «Sigue vigente porque hay muchos objetivos que no se cumplieron», señala Martínez. En 2007 expiró un plan entonces pionero que la Junta se comprometió a reactivar en este ejercicio. La Consejería Igualdad y Políticas Sociales mantiene que se realizó una completa evaluación pero ninguna de las entidades implicadas que ha solicitado conocerla ha tenido acceso a ella. «Se tiene que evaluar el anterior y saber qué se ha hecho para poder activar el siguiente», explican desde Unicef, que también se incorporó al grupo de diagnóstico de la Alianza contra la Pobreza promovida por la Consejería para atajarla en Andalucía, donde casi la mitad de la población infantil está en riesgo de pobreza o exclusión. «El acuerdo se firmó hace casi un año y aún no se ha presentado ningún avance –lamenta–. No es el ritmo que nosotros quisiéramos y seguimos empeñados en que se apruebe el Plan de Infancia porque es una Ley que van a apoyar todos los grupos, con un presupuesto del del que se podrá exigir su cumplimiento».

Para la coordinadora del Observatorio, «la desigualdad tiene que corregirse con políticas globales porque si no son parches todo lo que se va haciendo. Dejémonos de itinerarios personalizados» apunta respecto a las actuaciones desarrolladas por la Junta, con la que no obstante asegura tener continua interacción. El próximo año, el Observatorio presentará su diagnóstico sobre Andalucía. Y de nuevo insiste: «Es necesario para eso que sepamos en qué se está invirtiendo el dinero y ahora no lo sabemos».