Las transferencias de fondos, el «ángulo muerto» que «facilitó» el fraude

La ex interventora Rocío Marcos ratifica que en los ERE «ni había procedimiento ni era específico» y señala que se informó a la ex consejera Martínez Aguayo

La interventora general de la Junta entre abril de 2010 y mayo de 2012, Rocío Marcos, sucesora del imputado en la causa Manuel Gómez, ratificó su declaración en fase de instrucción, corroborando, entre otros aspectos, que «las transferencias de financiación se utilizaban indebidamente porque había mucha confusión y se usaban para destinos ajenos a lo que dice la ley». A la ex interventora le hubiera «gustado un seguimiento de las recomendaciones más efectivo o más inmediato». Marcos explicó que la redacción de las advertencias de la Intervención dejaba claro que «las transferencias de financiación eran inadecuadas para las subvenciones de la Dirección de Trabajo», que dependía de Empleo, y que «el desfase presupuestario se podía reducir». La ex interventora señaló que de todo estaba informada directamente la que fuera consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y su viceconsejero. «Ni había procedimiento ni era específico», dijo, apuntando que «con las transferencias se crea un ángulo muerto», sin control, que «facilitó» el fraude de los ERE.

Marcos relató cómo, tras estallar el escándalo de los primeros intrusos en las pólizas, se reunió con Martínez Aguayo. Pese a las advertencias que venía realizando la Intervención, aseguró en su declaración como testigo dentro de la 63ª jornada del juicio sobre la pieza política de los ERE, que «ni se imaginó» que pudiera haber intrusos. «Que fuera administrativamente muy irregular no significa que tuviera que haber personas que no eran de Hitasal», la empresa concreta por la que preguntaba la Fiscalía. «Se sabía que eran pólizas de trabajadores» pero «no había ningún indicio» de que se estuviera metiendo a personas ajenas, explicó. «Una cosa era la discrecionalidad –que un ERE se aplique para mayores de 55 y otro de 50 años–, pero no imaginamos que hubiera intrusos ni desviación de fondos», señaló. La ex interventora reconoció que «la imposibilidad de control» de las ayudas «facilitó al menos que se diera esta situación». Tras conocerse el «caso Mercasevilla», surgió «una preocupación grande» y se habló con la consejera y con el viceconsejero primero. La «preocupación» se debía tanto «por los intrusos» como por «la falta de control» sobre «800 millones». Esta situación de falta de control previo se conocía «desde 2001» y más aún de forma «clara y palmaria a partir de 2005», que es cuando se notifica el informe adicional al de cumplimiento de 2003, admitió. La ex interventora defendió la decisión de realizar un informe adicional, que «era una práctica adoptada cuando llegué, en una interpretación que pareció coherente». «Era la manera de hacerlo llegar a órganos que no hubieran sido destinatarios del informe de control financiero porque no era la Consejería de la que dependía la entidad auditada». Marcos insistió en que «las transferencias se utilizaban indebidamente porque había mucha confusión y se usaba para destinos ajenos a lo que dice la ley». «La encomienda es el instrumento por el cual una Consejería ordena a un ente instrumental hacer algo de su titularidad», defendió, calificando encomiendas y transferencias como instrumentos «alternativos y contrapuestos». «Me repele la concepción de transferencias ilegales porque están en la ley», dijo. «Con las transferencias se crea un ángulo muerto o ciego», alegó. «Se tiene que usar para lo que dice el presupuesto y hace imposible el control. Usar la transferencia de forma inadecuada hace imposible el control. La ley de Hacienda tiene dos modalidades de control: previo y financiero, que es posterior. Si se hacen transferencias a una empresa pero no instrumenta procedimiento de gasto sino que la propia Consejería retiene los créditos, no puede ser fiscalizado previamente en la Consejería ni después porque no hay expediente de gasto», explicó. «Los procedimientos fueron irregulares por otras razones no por no tener control», señaló también. El uso de las transferencias tuvo dos efectos: las ayudas quedan «fuera del marco establecido para poder controlar las concretas operaciones» y «el desfase presupuestario». «Quiero pensar que desde el punto de vista de los que tenían que atender casos muy acuciantes esto lo que sí les daba era mayor agilidad», trató de justificar. «Se presupuesta de forma correcta, pero se gestiona mal», señaló.