Los alcaldes, «preocupados» por la afección del nuevo decreto de exclusión

Sevilla- La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) remitirá en breve a la Junta de Andalucía un «informe jurídico» que ha encargado sobre «lo que puede suponer» para los ayuntamientos el decreto ley contra la exclusión social aprobado por el Gobierno andaluz y, concretamente, la parte destinada a crear empleo a través de las entidades locales. Así lo ha adelantado la alcaldesa de Marbella y presidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz, quien aseguró estar recibiendo numerosas llamadas de regidores andaluces con una «clarísima preocupación» ante las «inconcreciones» del referido texto. «Necesitamos que se nos aclaren muchas cuestiones», añadió.

Entre ellas, la que más trae de cabeza a los alcaldes, según puntualizó Muñoz, es la referida a la partida presupuestaria «de la que tendrán que sacar el dinero» para pagarle a los empleados que consigan contratar entre 15 y 90 días en virtud del decreto, ya que la Junta «no lo explica y lo remite a que en el futuro se decida el plan de pago», algo que está generando «inseguridades» entre los responsables municipales porque, «lógicamente, los empleados querrán cobrar al final de mes y no dentro de uno o dos años».