Medio millón de hogares, pendientes del futuro del bono social de la luz en Andalucía

Supone un ahorro del 25% de la factura para colectivos vulnerables. El Supremo obliga al Gobierno a replantear la medida para que no recaiga en las eléctricas.

La muerte de una anciana en Reus (Tarragona) este mismo mes a causa de las velas con las que se iluminaba por tener cortada la luz hizo girarse a la clase política hacia las dificultades de muchas familias sumidas en la pobreza energética. Unas dificultades que el bono social eléctrico implantado en el año 2014 contribuyó a paliar, permitiendo a los beneficiarios reducir la factura un 25%. Ese coste lo asumieron las principales compañías energéticas: Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa han afrontado el 93% de la ayuda y otras 21 sociedades, el resto.

Las eléctricas recurrieron la Ley por considerar que era lesiva para ellas y el Tribunal Supremo falló a su favor a finales de octubre, poniendo fin teóricamente al bono al entender que atenta contra una directiva europea de 2009. Es la segunda modificación de la legislación exigida al Gobierno para adaptarse al mandato judicial y que la financiación de la ayuda no recaiga sobre las compañías. El Supremo reconoció también su derecho al reintegro de las cantidades aportadas, más intereses. Un reciente informe de Endesa calculaba en que los descuentos a 2,4 millones de clientes en toda España suponen un coste anual de 188 millones de euros. La indemnización ascendería por tanto a 500 millones.

El Gobierno reaccionó presentando un incidente de nulidad por su desacuerdo con la sentencia y el pasado martes todos los grupos parlamentarios respaldaron al Ministro de Energía, Álvaro Nadal, en su convencimiento de que «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público debe pagar esto». «Esto» son ayudas vitales para muchas familias con una situación económica comprometida, pendientes de cómo se resolverá el conflicto.

En Andalucía, 512.000 hogares están acogidos al bono social –un 0,09% más que en 2015–, según datos facilitados a LA RAZÓN por la empresa Endesa. Supone el 21% de toda España; extrapolando esa cifra el coste anual para la compañía rondaría los 39 millones de euros –aunque Endesa no ha confirmado la cantidad al depender la subvención de cada factura–. La ayuda se concede a quien tiene una potencia contratada por debajo de 3 kilowatios; a desempleados, pensionistas que cobran el mínimo y a familias numerosas. Son precisamente estos dos últimos grupos en los que han aumentado los bonificados, un 10% en el caso del segundo y un 2,49% los pensionistas. Desempleados (-3,36%) y baja potencia límite de potencia (-0,95%) se han reducido. Por categorías, 408.978 reciben el descuento por potencia; 51.233 son pensionistas; 38.389 pertenecen al cupo de familias numerosas y 14.710 tienen a todos los miembros de su familia en paro.

Málaga es la que más usuarios del bono social tiene, 122.800; en Sevilla son 82.145; casi setenta mil en Granada y 65.000 en Cádiz. Huelva y Córdoba cuentan con 35.7000 bonistas, mientras que en Jaén se descuenta una cuarta parte del recibo a 55.000 personas y a 46.000 en Almería.

Los estudios sobre exclusión social y pobreza en la comunidad revelan que el 42,3% de las personas está en riesgo, con un aumento de cuatro puntos respecto a 2013. El 9,5% de los hogares padece además privación material severa. Según el balance de Cáritas, el año pasado solo en Sevilla destinó medio millón de euros a pagar suministros básicos –luz, agua y gas– a familias con dificultades y una cantidad similar para contribuir al pago de hipotecas y alquileres, evitando la llamada «exclusión residencial».