Núñez imputa a la cuñada de Ojeda y otros tres ex altos cargos en dos piezas más

Teresa Florido declarará, junto a otros tres investigados, el 20 de octubre, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su archivo en la parte «política» de la causa.

El cierre por parte de la Fiscalía Anticorrupción de lo que en su día el ex consejero de Empleo Antonio Fernández calificó como un «bluf», esto es, la supuesta red de clientelismo político tras las subvenciones de los cursos de formación, no ha evitado el encausamiento de altos cargos en otra rama del caso. La jueza María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigados en octubre a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y uno de los principales beneficiarios de las ayudas, en el marco de dos de las piezas separadas en que ha dividido la causa de la formación.

La magistrada de Instrucción 6 de Sevilla, mediante dos providencias, se postula afirmativamente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Núñez Bolaños cita el día 20 a cuatro ex altos cargos de las dos piezas relacionadas con los consorcios públicos de formación de la Junta Ciomijas y Formades, ubicada en Almonte (Huelva). Fuentes judiciales explicaron a Efe que ahora se solicitan nuevas imputaciones a los ex altos cargos porque se trata de su actuación concreta respecto a las certificaciones realizadas por dos consorcios públicos de formación, y no por la red clientelar que apuntó la jueza Alaya.

Los citados, según la providencia fechada el 22 de septiembre, dentro de la causa de Formades son las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara y la citada María Teresa Florido; el ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y el ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes. También, dentro de la causa de Formades ,cita como investigadas a dos familiares de la ex directora gerente del consorcio, Ana María Orihuela, detenida, al igual que los cuatro ex altos cargos citados, en el marco de la «operación Barrado», desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo de 2015.

Anticorrupción solicitó todas estas declaraciones y también la de varios testigos a los que cita la jueza, como el ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, «visto el estado que presentan las diligencias al margen y con la finalidad de impulsar su tramitación» y a la vista del atestado entregado por la UCO. Núñez Bolaños atiende de nuevo la petición del Ministerio Público y acuerda aportar los anexos relativos a las resoluciones de concesión, expedientes de reintegro, fechas de inicio y resolución de los expedientes de reintegro.

La segunda providencia de la magistrada versa sobre Ciomijas y tiene fecha de 23 de septiembre. La jueza cita a declarar como investigados el próximo 20 de octubre dentro de la pieza relativa a este consorcio a Manuel Brenes, Andrés Sánchez y, otra vez, a María Teresa Florido. Por ello declararán el mismo día como investigados en dos piezas distintas.

La magistrada acuerda librar oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo, «a fin de que se nombre interventor de esa Administración», para que realice un informe pericial sobre las subvenciones concedidas a Ciomijas. La jueza estima que dicha pericia «habrá de dotarse de los funcionarios que precise el interventor así como cuantos medios personales y materiales sean necesarios para el buen fin de la pericia, en especial si procede el auxilio de terceros especialistas, como auditores o economistas».

El pasado martes fue cuando la Fiscalía solicitó a la jueza que archive la pieza política de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta, y que afecta a 24 ex dirigentes del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados autonómicos en las ocho provincias. En esta pieza están encausados 13 ex altos cargos de la Junta detenidos en el marco de la «operación Barrado», entre ellos los cuatro que han sido citados a declarar en las piezas de Ciomijas y Formades.

«Confia en el tiempo, que suele dar dulces salidas a los amargos momentos vividos», escribió en Twitter Teresa Florido el pasado domingo, un par de días antes de la petición de archivo de la causa política por parte de la Fiscalía Anticorrupción. A través de esta red social, Florido se muestra como una activa defensora del procedimiento puesto en cuestión en el «caso ERE» y en el de los fondos de formación. «Las ayudas dadas a través de los ERE benefician a empresas y trabajadores de toda España. Necesitan rapidez para su eficacia». «Años 70, los fondos de reconversión industrial llegan a sectores en crisis de toda España. Los ERE son una continuación». «Desde la revolución industrial los ERE se han tramitado en toda España igual. ¿Y Fiscalía sólo investiga Andalucía?». Son algunos de los argumentos utilizados por la cuñada de Ángel Ojeda. En la comisión de investigación sobre el fraude, la ex directora general de Formación Profesional entre el 2011 y el 2013 aseguró que desconocía a qué se dedicaba su familiar hasta que llegó al cargo y que fue entonces cuando tuvo conocimiento de que el ex consejero tenía varias empresas dedicadas a la formación y solicitó abstenerse en los expedientes relativos al mismo. «Se lo podrán creer o no, pero yo no lo sabía», señaló en una comparecencia muy crispada, principalmente, con la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, a la que llegó a atacar con su estado civil.

Florido, acompañada por su abogado, Jon Ander Sánchez, denunció entonces una «persecución» del PP y una «campaña de difamación». Florido también criticó la «sospechosa coincidencia entre los informes de la UCO» y la jueza Alaya, señalando «quién dirige a la UCO en Madrid».

Florido expuso que es funcionaria desde hace 42 años y defendió que «nunca» recibió ni impartió órdenes para saltarse la normativa. Destacó que «las competencias normativas no llegaron» a su área hasta 2013. Sobre su relación con Ángel Ojeda, destacó que cuando solicitó abstenerse en sus expedientes, «no quise saber nada más». Incluso indicó que «los funcionarios hicieron una lista con sus empresas y ni la leí». «No conocía que Ojeda hacía formación. Hasta que vivieron mis suegros nos veíamos asiduamente; después no», llegó a testificar en sede parlamentaria.