Pensiones en Andalucía en cifras

El final de cada mes el sistema de pensiones en España atiende al pago de la nómina de 9,6 millones de pensionistas de los que 1,5 residen en Andalucía. Del total de pensionistas la mayoría se agrupan en tres categorías: los que perciben una pensión por jubilación, los que lo hacen por viudedad y los que lo hacen por habérseles diagnosticado una incapacidad permanente. El total de jubilados en España que reciben una pensión es de 5,9 millones (871.759 residen en Andalucía). Mensualmente la Seguridad Social paga más de 6.500 millones de euros a estas personas. Los beneficiarios de una pensión de viudedad suman 2,3 millones (390.246 en Andalucía) y el coste para el sistema de la Seguridad Social es de algo más de 1.600 millones al mes. Por último, de entre los tres grupos de pensionistas más amplios, los que perciben una pensión por incapacidad permanente representan casi un millón de españoles de los que más de 200.000 residen en Andalucía. En conjunto mensual los pensionistas por incapacidad permanente perciben unos 900 millones de euros. Como ya hemos tenido oportunidad de subrayar en otras ocasiones, las prestaciones promedio son inferiores en Andalucía que en promedio nacional debido a los menores salarios percibidos en esta región. Así, mientras le pensión por incapacidad promedio en España es de 953,73 € para Andalucía sólo llega a los 879,83 €. En el caso de las pensiones de jubilación el promedio nacional es de 1.103,47 € y el regional de 993,85 €. La situación se reproduce para las pensiones de viudedad que en Andalucía alcanzan los 635,40 € frente a una pensión media en España de 679.21 €. Esta brecha se explica rápidamente comparando el valor de las cotizaciones. Así, con datos de la encuesta del coste total laboral del Instituto Nacional de Estadística, resulta que las cotizaciones obligatorias promedio en Andalucía son todas inferiores a la media nacional. Por sectores, la cotización por trabajador del sector industrial en Andalucía es de 681,39 € (731,96 en media nacional), de 664,54 € para un trabajador de la construcción (685,06 en promedio español) y de 516,7 € para un empleado en el sector servicios (564,59 en media para España). Sobre el total de la población española los pensionistas representan el 20,7% mientras que en Andalucía suponen el 18,4%. Un análisis fino o estilizado de los grupos de pensionistas nos dice que en Andalucía el porcentaje sobre la población residente que percibe una pensión por invalidez permanente es mayor que la media nacional mientras que son menores los porcentajes de jubilados y de quienes reciben una pensión de viudedad. Los dos últimos datos están directamente vinculados a un perfil demográfico menos envejecido que en otras regiones españolas. La explicación para el elevado porcentaje de los incapacitados laboralmente es menos inmediato y probablemente menos amable de leer desde Andalucía. Desde el punto de vista de la viabilidad financiera del sistema, una de las informaciones relevantes es la relación entre el número de pensionistas y el de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Tanto para Andalucía como para el conjunto de España la relación es de casi 2 trabajadores afiliados por pensionista. Una de las líneas de reforma que se anunciaron por el anterior gobierno era la de sacar progresivamente las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social para financiarlas vía Presupuestos Generales. Si esto se hiciese (desde luego no de inmediato) y sacáramos del cálculo a las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares y consideramos únicamente el ratio entre afiliados a la Seguridad Social y quienes reciben una pensión por jubilación o incapacidad permanente, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social por pensionista sería de algo más de 2,7. De entre los aspectos más importantes del gobierno de cualquier Nación desarrollada destaca sin duda el de su sistema de protección social. Es un tema de preocupación recurrente pero no siempre el debate viene acompañado de datos o argumentos no interesados o torcidos. Lamentablemente, en España el debate político sobre las prestaciones de la Seguridad Social sólo propicia acuerdos de escaso calado como, por ejemplo, la revalorización de pensiones pero deja sin resolver una hoja de ruta que garantice la supervivencia del sistema. No debe sorprender en un país cada vez más dividido en bloques políticos autistas donde unos se arrogan en exclusividad los carnés de pedigrí democrático negando tal condición a millones de españoles. La consecuencia de este totalitarismo ramplón, de utilización permanente del estigma frente al adversario nos paraliza como Nación y acaba utilizando a los pensionistas sólo como parte de la coreografía del enfrentamiento en lugar de como acicate para el acuerdo.