Pizarra digital. El diablo está en los detalles

La misma sordina que se le puso a la publicación del Programa 2000, se le está poniendo también al anteproyecto de reforma educativa bautizado como Ley Celaá».

“El objetivo básico del totalitarismo es controlar la calle y el relato. Por eso en cualquier país civilizado y escarmentado de la historia, lo público está reservado para un uso colectivo, y su apropiación por unos pocos, prohibida». La atinada afirmación anterior no es mía sino de una sedicente magistrada que la escribió en su cuenta de Twitter en agosto de 2018 a propósito de la ocupación de las calles por lazos de plástico amarillo. Su cuenta, que recomiendo seguir, es @LuisamarGG, y el plástico (amarillo y de cualquier color), uno de los materiales no biodegradables de uso más extendido. Hacia su eliminación en el uso cotidiano van a ir orientados buena parte de los fondos europeos del próximo programa marco que arrancará en 2021. Es por eso que no deja de resultar clamoroso el silencio de las organizaciones ecologistas más amplias ante el uso del plástico amarillo por el secesionismo catalán.

Pero no es la ocupación del espacio público físico la peor de las impunes acciones separatistas sino del espacio educativo. Para los futuros de estudiosos de la «tardo Transición» quedará explicar por qué analistas políticos y opinadores pusieron sordina al Programa 2000; el documento publicado en octubre de 1990 en el que la entonces CiU diseñaba la hoja de ruta hacia el independentismo. Una hoja de ruta que pasaba por el estricto control del sistema educativo; contenidos, profesores y asociaciones de padres y madres (https://www.dolcacatalunya.com/2016/08/documento-prueba-jordi-pujol-diseno-pruses-1990/).

Conste que limito mi sorpresa por tan inexplicable silencio mediático a analistas y a opinadores porque el silencio de los partidos políticos mayoritarios se explica muy bien con el diagnóstico de protagonistas de aquellos años como Alejo Vidal-Quadras. El ex político y catedrático de Física Atómica y Nuclear en la Universidad Autónoma de Barcelona escribió que «la Transición fue, en buena parte, un pacto entre separatistas y partidarios de la unidad nacional. Los cuarenta años siguientes fueron una negociación continua para satisfacerles debilitando progresivamente al Estado». Probablemente le falte una alusión al deseo sincero de reconciliación de sus impulsores pero por lo demás me parece un resumen muy ajustado.

En esos cuarenta años de pactismo la enseñanza ocupó un lugar destacado. En materia educativa ninguna imagen refleja mejor el apartheid impuesto por el independentismo que la viñeta de José María Nieto del 24 de abril de 2018 en la que un niño levanta la mano desde su pupitre respondiendo a la orden de su profesor ¡que levanten la mano los hijos de Guardia Civil! La egregia sombra de aquel alumno revestido de inmensa dignidad era la estirada silueta de la estatua de la Libertad. A las puertas del Instituto El Palau las familias independentistas señalaban a los hijos de guardias civiles. Esto fue lo que inspiró la viñeta.

De alguna manera la misma sordina que se le puso a la publicación del Programa 2000, se le está poniendo también al anteproyecto de reforma educativa bautizado como Ley Celaá. Probablemente todo Occidente pero particularmente lectores y periodistas españoles lo somos de titulares. Esto nos deja, por pereza o por falta de tiempo, en la orilla de los detalles lo que para cualquier investigador empírico es terrible. «El diablo se esconde siempre en los detalles» es la extendida letanía que persigue a un investigador chapucero que da por buenas conclusiones frágiles que no están sólidamente apoyadas en los resultados de las investigaciones. La consecuencia puede ser fatal; por ejemplo, unos efectos secundarios no identificados que dañarán la salud de miles de pacientes.

La educación es un terreno abonado para los experimentos irresponsables precisamente porque cuando se recojan los frutos de una nueva reforma educativa, ninguno de sus inspiradores será premiado o sancionado por los electores. Ya estarán retirados de la vida política o en un cargo alejado del ámbito educativo.

La misma sedicente magistrada con la que comencé este artículo recordaba que «la política ha dejado de ser una cuestión de ideas para convertirse en un mercado de imagen, impresiones y sentimientos. Es importante porque la moneda del intercambio no es ya la razón, sino los trucos y montajes, con los ciudadanos como rehenes de la mercadotecnia». Estos trucos nos distraen de los detalles. Por ejemplo, Antonio Jimeno, presidente del sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES) ha advertido de que proponer un cambio de ley de educación en condiciones de una muy frágil mayoría parlamentaria es una falta de responsabilidad y más si se establece la desaparición de los llamados estándares de aprendizaje, en los que se han basado los materiales didácticos y los libros de texto actuales. El detalle del que advierte el profesor Jimeno es que se precisaría un mínimo de tres años entre la aprobación de la nueva ley, la redacción de los nuevos currículos y la edición de los nuevos materiales, éstos llegarían al mercado cuando, tal vez, el PSOE ya no esté en el gobierno.

El anteproyecto de reforma educativa de la ministra Celaá incluye la retirada de las evaluaciones finales en Primaria y en ESO, la supresión de los itinerarios en 4º de ESO, el aumento de competencias de los equipos docentes para poder aprobar a los alumnos que quieran al margen de sus resultados académicos, la posibilidad de aprobar el Bachillerato con una asignatura suspendida y permitir que sean las Comunidades Autónomas y no el Ministerio de Educación las que decidan si se puede o no utilizar el castellano en la enseñanza. La reforma se plantea precisamente ahora que el Defensor del Pueblo y la Presidenta de las Cortes Generales tienen en su poder el extenso Informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña sobre la instrumentalización nacionalista del sistema educativo (https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf).

El diablo no se esconde en los detalles sensacionalistas del color de las flores de Pascua que adornaban el encuentro entre el presidente de la Nación y el de la Generalidad, sino en la letra y ausencias del comunicado conjunto y en concesiones como facilitar, hasta extremos inimaginables, la capacidad de adoctrinamiento del sistema educativo. También en este anteproyecto de Ley de reforma educativa se asesta un segundo golpe inaceptable a la Alta Inspección de Educación buscando la indulgencia independentista. El primer golpe fue no desarrollarla por ninguno de los gobiernos UCD-PSOE-PP. El papel de la alta inspección educativa es necesario porque, por ser la educación un derecho básico de todos los españoles, debe haber un garante de su defensa. El órgano garante es la Alta Inspección y pese a lo que ahora se pretende su función no es transferible por el Estado a las Comunidades Autónomas.

Se puede pensar que vivimos en una sociedad de trazos gruesos; una sociedad que no pasa de los titulares de prensa. Creo que sólo es cierto parcialmente. También se puede pensar que es posible reconducir al independentismo a la vía autonomista. Creo que no es posible pero no sólo porque sus líderes estén convencidos de sus demandas, sino porque cuatro décadas de cesiones han demostrado ser una hoja de ruta fallida y agotada. La Nación nos hace libres e iguales. Reforcemos los lazos de que nos unen con eficacia, responsabilidad y generosidad.

* Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile