Recurridos al TC los estatutos de la agencia de instituciones culturales

Ya está hecho. La asociación Al-Andalus de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía, la organización Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública y 17 trabajadores, representados por el bufete Mariano Aguayos, han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra una sentencia del Supremo que anuló otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). ¿Qué falló éste? Decretó la nulidad de la Disposición Adicional segunda del Decreto 103/2011 que aprobó los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

El recurso se interpone sobre la base de la vulneración del derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a la función pública regulado en los artículos 14 y 23 de la Constitución española, que se habría producido en la integración de la plantilla del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la citada agencia. Argumenta la demanda que esa violación «tiene su origen en una disposición de carácter general que se enmarca en un proceso de reordenación del sector público andaluz en el que personal de extintas fundaciones, sociedades mercantiles y otras entidades accede a la Administración pública sin superar un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», explican desde «Al-Andalus». Cuestión, que según las entidades recurrentes, «tiene una trascendencia económica social evidente» y afecta «no sólo al personal que se integra en las agencias creadas, sino también a los empleados públicos que prestan sus servicios en la Junta y, con carácter general, a todos los ciudadanos». En ese sentido, se argumenta en la demanda que el personal del instituto «no tenía la consideración de empleado público antes de su integración» en la agencia y que el trasvase de empleados lesiona el mencionado derecho fundamental.