Respaldo judicial a Alaya

La Junta de Andalucía, consciente de que la instrucción de la juez Alaya apunta desde hace meses a la cúpula del Gobierno andaluz en los últimos años, ha redoblado en los últimos tiempos su nivel de presión sobre la magistrada para que ceda el caso al Tribunal Supremo, donde la Administración andaluza y el PSOE entiende que sus argumentos serán «mejor escuchados». Con la excusa de que el caso de los ERE no avanza y se pone en riesgo la investigación, el nivel de acoso, sobre todo a través de los principales dirigentes del PSOE, se ha redoblado. Por eso, el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que defiende que Alaya debe «apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación» es un respaldo y una garantía para que la titular del juzgado de Instrucción 6 pueda seguir ejerciendo su labor. La decisión de la Audiencia toma más relevancia cuando este mismo órgano jurisdiccional ha corregido en otras ocasiones a la instructora, lo que ha sido celebrado desde las filas socialistas y utilizado como ejemplo de las lagunas del trabajo de la magistrada. Ahora hace lo contrario y avala su decisión de dejar al margen a todos aquellos que gozan de un estatus especial gracias a su condición de diputado autonómico o nacional. La Audiencia, además, recuerda que en aras de la transparencia tan defendida por el Ejecutivo autonómico, «nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar». Un consejo que difícilmente escucharán en la Junta, más preocupados de erosionar a la juez.