Sin alquiler, sin piso... y con la factura del juzgado

La función social de la vivienda es el santo y seña del Gobierno andaluz. Así lo demuestra la ley puesta en marcha en septiembre a iniciativa de IU y así se encarga de recordarlo la Junta ante los amagos del Ejecutivo central de recurrir la norma. La demanda social ante el drama de los desahucios impulsó un texto que ha favorecido en apenas tres meses a 3.521 familias y tiene a los bancos como objetivo prioritario como ejecutores de embargos.

Ante la nueva realidad económica, el borrador del Plan de Vivienda y Rehabilitación –presentado el pasado mes por la consejera Elena Cortés– busca dar un vuelco a la política de viviendas en propiedad, propiciando la rehabilitación, para reciclar a los más de 200.000 parados que ha dejado la construcción desde 2007, y el alquiler. Una figura esta última que posee un alto índice de morosidad. Según datos del fichero de inquilinos morosos (FIM), aumentó un 13,28% en 2012 respecto al año anterior, aunque en estos datos se incluiría también el sector minoritario de los locales.

Andalucía fue la comunidad autónoma que registró el mayor repunte, un 19,17%, seguida de Madrid (18,6%) y la Comunidad Valenciana (16,75%). Unos datos que se prevén aún más alarmantes en los primeros nueve meses de este 2013, según un análisis de la entidad «Alquiler Seguro». Arroja datos sólo de Málaga y Sevilla, las dos provincias que han experimentado en el ejercicio actual un mayor incremento en España en el impago del alquiler: 25,8% en la Costa del Sol –con una deuda media de 7.923 euros– de los 78.364 pisos que figuran como arrendados y en Sevilla, donde se recogen 57.593 viviendas arrendadas, creció un 19%.

La comunidad encabeza el ránking de morosidad en ese apartado desde hace dos años, cuando se incrementó un 24,69%. Desde 2009, en que se inició el estudio del FIM, no ha cesado de crecer: 13,7% ese año y en 2010 un 16,8%, con una previsión de empeorar, según los expertos.

En el caso del parque de viviendas públicas, ante la certeza de inquilinos que no van a hacer frente a los pagos mensuales, la Junta ha arrancado una iniciativa para conmutarlos por trabajos de mejora en los pisos. Así está ocurriendo en el Polígono de Almanjáyar de Granada, en el municipio sevillano de Los Palacios o en Pico Aneto, en Córdoba. Andalucía gestiona el parque público más grande del país, con 80.000 casas repartidas en 550 municipios. La idea de la Junta es que ninguna de las familias que las ocupen sean desahuciadas porque no dispongan de dinero al contraer un exceso de deudas al tiempo que se «dignifica lo público».

Pero cuando el propietario es un particular, la falta de cobro se convierte en un problema cuya resolución puede demorarse entre tres meses y un año. Sólo durante 2012, se interpusieron 2.302 demandas judiciales en Andalucía para resolver la morosidad del alquiler de viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, 2.249 fueron estimadas totalmente; 134 parcialmente y 87 desestimadas. Otros 3.640 casos se resolvieron sin necesidad de mediar un juez, quedando resueltos con un decreto suscrito por el secretario judicial. Sevilla y Málaga, de nuevo, encabezan con 714 y 793 dictados la estadística.

En total, 5.942 litigios en los tribunales que acarrean cuantiosos desembolsos para los propietarios que quieren recuperar su inmueble ante la doble problemática de alojar a un moroso y no poder disponer de él mientras no se produzca una resolución judicial. Sólo en tasas para un juzgado de Primera Instancia se eleva a entre 200 a 300 euros. «Un proceso llevado hasta el final, como quiera llegar al Tribunal Supremo, cuesta varios miles de euros», asegura José Manuel Valdayo, documentalista del Colegio de Abogados de Sevilla. Una cifra a la que se suman los honorarios de letrado y procurador. «Como poco, dos mil euros. Nadie va a llegar hasta ahí por un triste piso, no merece la pena», mantiene Valdayo, cuyo último caso tardó en resolverse un año

El tiempo de espera hasta que el inquilino abandona el piso constituye la otra gran preocupación. «Existen unos plazos legales para que esa persona se vaya, el propietario no puede hacer uso de su casa hasta que el juzgado lo diga y llegue el día del lanzamiento», lamenta.

Morosos profesionales

Como letrado de afectados, relata que la resolución del conflicto depende exclusivamente de la carga de trabajo del juzgado que lo asuma. «Lo lógico es que no tardara mucho tiempo. Sin embargo, yo mismo he tenido un caso recientemente que ha tardado un año en cerrarse. Llegaron a robar los muebles y el televisor, un vecino los vio y se interpuso una denuncia, que nos permitió recuperarlos». En este sentido, Valdayo denuncia que existen «auténticos profesionales que se dedican a estar de alquilados toda la vida sin pagar». Al respecto, no tiene dudas: «El que alquila es quien está desprotegido, debería incluirse en el Código Penal».

Por su parte, el consejero delegado de la entidad protectora de arrendatarios «Alquiler Seguro» señala la singularidad del mercado andaluz. «Existe una oferta muy amplia a precio muy caro», advierte Antonio Carroza, que sitúa el principal problema precisamente en el «miedo a no cobrar y a no recuperar su casa. Pueden tardar entre 10 y 14 meses, pero se producen retardos puntuales de hasta 24 meses», asegura. En este sentido, aboca al fracaso la propuesta de la Junta de subvencionar con dinero público un seguro para garantizar el cobro de alquileres y aboga por medidas preventivas. «Lo primero es que se requiere un censo real de viviendas alquiladas», según Carreta, que mantiene que las dificultades son estructurales: «Es un mercado muy desatendido por las administraciones, ni siquiera se han preocupado de recaudar el impuesto que grava el alquiler, como sí han hecho con la compraventa».