Sindicatos saldrán a la calle contra la reforma de la Administración local

Los funcionarios de los ayuntamientos andaluces auguran un verano caliente, y no sólo por los rigores propios de la estación del año. El anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local no convence a las plantillas de los consistorios, que se coordinarán a nivel andaluz para plantear protestas ante los «nuevos recortes y el intento de centralización de servicios» que, a juicio de los sindicatos, plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy con esta medida. Ayer, las centrales con representación en el Ayuntamiento de Sevilla hicieron una demostración de fuerza en el pabellón deportivo de San Pablo, convocando una asamblea –a la que acudieron más de 1.000 empleados públicos– para informar de los detalles que han trascendido de la iniciativa y debatir acciones de protesta. Los comités de empresa de los ayuntamientos de las grandes ciudades estarán en «permanente contacto», tal y como aseguró Manuel Loza, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento hispalense, para plantear movilizaciones. Igualmente, está pendiente la creación de una plataforma intersindical en la que tendrán cabida también partidos y asociaciones de consumidores, que se sumará a las protestas.

La asamblea fue convocada por los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, además del sindicato de bomberos y de la Policía Local. Sus representantes acordaron enviar una carta al alcalde, Juan Ignacio Zoido, en la que reclaman al regidor un «posicionamiento claro y contrario frente a posibles nuevos recortes en nuestros derechos y en defensa del Ayuntamiento y sus competencias», recordándole que «otros alcaldes, incluso de su partido, han defendido públicamente el municipalismo frente a la agresión que se vislumbra en los diferentes borradores». Por su parte, Loza alerta de que «1.000 empleos públicos están en estos momentos en el aire» y denuncia que «más del 98 por ciento del ahorro –cifrado en 870 millones de euros– se conseguirá por la supresión de los servicios que se presta a la ciudadanía y la pérdida de derechos de los empleados». Tan sólo el dos por ciento restante «se centrará en los sueldos de los alcaldes y concejales».

Pero Loza va más allá de los efectos que tendrá la medida en los trabajadores. En su opinión, la ley «provocará un alejamiento de los ayuntamientos con los ciudadanos», al tiempo que «vaciará de competencias» a estas administraciones. También alerta del «coste adicional» que tendrá en los ciudadanos que viven en pueblos pequeños, que «tendrán que desplazarse hasta las capitales para hacer ciertas gestiones». «Consideramos que esto es inviable», insiste.

Los servicios que corren más peligro, según Loza, son los talleres de empleo, las casas de oficio y las ayudas a los emprendedores. Iniciativas «encaminadas a enseñar un oficio a los más jóvenes o fomentar el autoempleo entre este colectivo». También estarían en la «cuerda floja» los servicios de igualdad. De esta manera, se dejaría de «prestar asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género y se paralizarían las políticas de igualdad y contra la discriminación».