Un juez avala el despido gratis en la Junta pese a detectar «abusos» con los interinos

El naufragio del «Nuevo Pepita Aurora» en Barbate en 2007, con la trágica muerte de parte de su tripulación, o la «infinidad» de vertidos de petróleo en el Campo de Gibraltar –una zona plagada de refinerías–. También los incendios provocados hace dos años en la zona de San Roque. Todas esas tragedias ecológicas las vivió un trabajador de los servicios de emergencias que el año pasado fue despedido por la Junta. Su labor como técnico consistía en coordinar los equipos. Su primer contrato con la Junta lo firmó hace treinta años. El año pasado, con 57, la Junta lo despidió. Le dijo adiós sin más. Un funcionario había solicitado ocupar su plaza en Cádiz y eso lo dejó automáticamente sin trabajo. Y sin indemnización después de 29 años y medio de servicio.

Es el proceder habitual de las administraciones que, amparándose en una ley hecha a medida, niegan cualquier compensación a sus trabajadores interinos cuando los despiden. Lo revisten de fin del contrato. Lo novedoso es que un juez reconoce en una sentencia que ha existido el abuso por parte de la Junta de Andalucía al prolongar tres décadas los contratos «temporales». Y admite también que se trata de una práctica que «no ha sido lícita» y constituye «un fraude». Y aún así, evita condenarla y desestima la demanda del trabajador. ¿Por qué? «La indemnización no está reconocida por nuestra legislación», según el juez.

En su reclamación, pedía que se le reconozca el carácter de laboral indefinido no fijo y se le readmita en un puesto de similares características. De momento, lleva nueve meses aguardando una llamada de la bolsa de trabajo que conforma únicamente él. El propio magistrado del Contencioso Administrativo 2 de Cádiz admite que a sus 58 años «buscar un empleo fuera de la Administración se presenta muy difícil, dada su edad».

El juez incide en que «hay que partir de que prolongar un nombramiento de interino durante treinta años, sea por un solo nombramiento o por varios sucesivos, es contrario a la ley porque esa relación tiene naturaleza transitoria, circunstancial y excepcional y está por ello prevista para espacios temporales cortos». Sin embargo, a continuación expone que « eso no significa que haya que estimar la demanda». Y, de hecho, la desestima. Antes de finalizar, incluso recomienda al afectado que presente una reclamación por responsabilidad patrimonial, para ver si de esa manera obtiene algún tipo de compensación. Esa misma situación la viven a diario cientos de trabajadores de las administraciones públicas. En Andalucía, los más afectados son los maestros y los profesionales sanitarios, que soportan nombramientos temporales durante años sin lograr ningún derecho laboral.

La Justicia europea se pronunció en un primer momento amparando a los trabajadores, a los que reconocía una indemnización equiparable a la de cualquier empresa privada. Este mismo mes, matizaba su sentencia anterior ciñendo solo este «privilegio» a los trabajadores indefinidos no funcionarios.

De coordinador de emergencias a estar «de patitas en la calle»

«Como un kleenex», trabajadores de «usar y tirar». Es el símil que enarbolan los interinos andaluces sobre la política laboral de la Junta con sus trabajadores temporales. El último caso denunciado por el abogado Manuel Martos, presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), es el de un técnico de emergencias de Cádiz al que pusieron «de patitas en la calle» sin más. Las partes implicadas consideran que «hay claramente una postura cobarde de su señoría», en referencia a que la sentencia reconoce explícitamente que la Junta ha estado «abusando» durante treinta años pero no llega a reconocerle ningún derecho laboral. «No tomó la valentía de condenar a la Administración, al menos para que le garantice durante los cinco años de vida laboral que le quedan un contrato de interino». Con esos cinco años, el afectado completaría los 35 de cotización y podría jubilarse. Hasta que fue cesado, era responsable de coordinar los equipos para combatir incendios, vertidos químicos o cualquier catástrofe que requiriera la asistencia de Protección Civil, como sucedió con el rescate del barco barbateño «nuevo Pepita Aurora», hundido en 2007. Esto le obligaba a estar localizado 24 horas al día y desplazarse en cualquier momento si se producía un siniestro. A sus 57 años, se vio sin trabajo y con tres hijos, una situación que está comprometiendo su economía familiar. Después de nueve meses «tirando» del paro, confían en que el recurso que presentarán contra el fallo en primera instancia salga adelante.