Política

Una defensa critica la «falta de veracidad» de los atestados de la UCO

El abogado de Juan Márquez niega que en su época en el cargo «las cosas continuaran igual»

El ex director general de Trabajo Juan Márquez, en el centro, ayer durante la sesión del juicio / Foto: Efe
El ex director general de Trabajo Juan Márquez, en el centro, ayer durante la sesión del juicio / Foto: Efe

La defensa del ex director de Trabajo Juan Márquez criticó ayer la «falta de veracidad de los atestados de la UCO preconstituidos» elaborados para la instrucción del caso ERE, ya que los agentes seleccionaron la documentación que facilitó la ex asesora de Empleo María José Rofa «que les venía bien». Así lo denunció el abogado Manuel Pérez Cuajares que defiende a Márquez, quien sucedió en 2008 a Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y que afronta como su antecesor durante casi diez años una pena de 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, acusado de prevaricación y malversación junto a otra veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz.

El letrado subrayó que «es falso» que en la época de su defendido en el cargo, de 2008 a 2010, «las cosas continuaran exactamente igual que en épocas anteriores». Durante su intervención final desgranó los informes que encargó a la auditora PwC y al bufete Garrigues y cómo hizo lo que éstos indicaban.

A raíz del informe de PwC Márquez dejó de pagar las ayudas comprometidas a empresas de la Sierra Norte –comarca sevillana que concentró un gran volumen de ayudas de los ERE–, y que no fueron las únicas que el ex director de Trabajo se negó a abonar «velando por los caudales públicos», pues tampoco pagó con este fondo minutas al bufete Garrigues o el incremento salarial de los trabajadores de la limpieza de Granada.

Respecto al informe encargado a Garrigues en 2009, cumplió su recomendación de dejar de usar la fórmula de convenios con la agencia pública IDEA para que pagara las ayudas sustituyéndolos por resoluciones de órdenes de pago, y modificó la forma de presupuestar los créditos que enviaba a IDEA para ese fin, dejando de usar las transferencias de financiación –que la Intervención llevaba años diciendo que se usaban de modo «inadecuado» y que según las acusaciones eran ilegales y eludían la fiscalización– y usando la encomienda de gestión.

De otro lado, el abogado Juan Carlos Alférez, que ejerce la defensa del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, señaló que tras años discutiendo los letrados de los encausados y una vez está a punto de concluir el juicio se preguntan «¿dónde está la malversación en este proceso?».