Viera insiste en que no fue advertido de la irregularidad

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera ha solicitado el archivo en una de las piezas del «caso ERE» en un escrito donde insiste en que «no recibió durante su mandato ningún aviso o advertencia sobre la irregularidad» del sistema investigado.

En el escrito, el abogado del ex consejero solicita a la jueza María Núñez Bolaños el archivo de la causa abierta por la ayuda de 180.304 euros concedida por la Junta a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 para la elaboración de cursos de formación ‘on line’ del voluntariado. El letrado relata que, según el atestado elaborado por la Guardia Civil, esta ayuda se estipuló mediante un convenio de colaboración en septiembre de 2003, tras lo que el importe de 180.304 euros fue pagado en dos transferencias. De este modo, se estableció un primer pago el 11 de febrero de 2005 (con cargo a la partida presupuestaria 31L) y un segundo pago el 23 de febrero de ese mismo año (con cargo a la partida presupuestaria 54B), pone de manifiesto el abogado. En este sentido, agrega que la responsabilidad criminal se extingue por prescripción del delito, prescribiendo a los diez años los delitos cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. El abogado precisa que el delito de prevaricación y el tipo básico del delito de malversación de caudales públicos prescriben a los diez años, y recuerda a la instructora que en el auto donde imputó a Viera también acordó archivar la causa contra cuatro trabajadores de la Asociación.

La Junta y la fianza a Borbolla

La Junta, personada como acusación en el «caso ERE», reitera su petición para que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 11.182.767 euros al empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de la localidad de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

La defensa se opuso argumentando que «no es el momento procesal oportuno», que todo el dinero recibido se invirtió en las empresas dedicadas a la manufactura del corcho y que, por ello, el imputado «no se ha enriquecido personalmente».