Vox pide el nombre de los trabajadores de las unidades contra la Violencia de Género

Asegura que persigue «fiscalizar los fondos públicos» porque muchos empleados están «altamente ideologizados». La Ley de Protección de Datos ampara a la Junta para denegar la petición. «Ni un paso atrás», recalca Moreno

Vox renunció en su acuerdo de investidura con el PP a devolver las competencias y a derogar leyes de violencia de género, Igualdad y Lgtbi, lo cual no significa que desde su grupo parlamentario desista de estas cuestiones. Vox ha pedido en la Cámara andaluza la relación de los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género de la Junta de Andalucía desde 2012 hasta la actualidad. La formación de Santiago Abascal en la comunidad andaluza señaló posteriormente que la petición responde al objetivo de «depurar casos ideológicos». De cara a las elecciones del próximo 28 de abril y, antes, al 8M, Día de la Mujer, la estrategia de Vox, en vista de las reacciones suscitadas con una campaña en la redes incluso con la etiqueta #ApuntaMiNombreVox, supone una última vuelta de tuerca a la necesidad de llamar la atención en el ejercicio de un «trumpismo» con gran rédito mediático y eco social. La Junta no difundirá estos nombres amparada, de entrada, por la Ley de Protección de Datos. «Ni un paso atrás», defendió el presidente Juanma Moreno.

El portavoz parlamentario Alejandro Hernández –que se vislumbra como hombre fuerte del partido por encima incluso del presidente del grupo, el juez en excedencia Francisco Serrano, acaparando todas las intervenciones en el pasado Pleno– aseguró que el objetivo de Vox es investigar el destino último de las ayudas gestionadas por la administración autonómica vinculadas a la violencia de género, cuestionadas por Vox desde sus orígenes, al igual que otras cuestiones relativas al género, como las asociaciones que reciben ayudas, «2.200 chiringuitos de género», según declaró Serrano tras la irrupción de la formación en el Parlamento andaluz. «Lo que pedimos es que las ayudas lleguen a todas las personas que sufren violencia en el ámbito familiar, sin discriminación alguna», aclaró después Serrano, dentro de esta estrategia comunicativa de trazo grueso y posterior matización. El acuerdo con el PP sí incluyó «eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social».

En concreto, en el caso de las Unidades de Violencia de Género, Vox plantea el control sobre los procesos de custodia de menores o con situaciones de maltrato, para saber si están cualificados, de ahí que reclame la colegiación profesional.

La iniciativa llegó al registro del Parlamento con la firma del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, quien reclama una «relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género». El diputado Alejandro Hernández explicó que se trata de «una más de las peticiones de información que ha presentado el grupo parlamentario» y que su objeto último es «comprobar» y «fiscalizar» el destino de las ayudas y subvenciones concedidas desde 2012 y vinculadas a la violencia de género, término que Vox rechaza y propone sustituir por la violencia en el ámbito familiar.

Serrano se pronunció vía Twitter insistiendo en estos argumentos y añadiendo que «se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación». «Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», dijo.

Vox reclama, asimismo, los nombres de los miembros de los «equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre los años 2012 y 2019 completo», apelando al artículo 7 del Reglamento del Parlamento que obliga al Gobierno andaluz a facilitar la información solicitada por los grupos en el ejercicio del control al Gobierno, aunque siempre que se respete la Ley de Protección de Datos.

Vox comenzó el pasado jueves en el Parlamento andaluz a desmarcarse del PP y Ciudadanos al votar en contra de una propuesta sobre la financiación de las asociaciones feministas. Para Serrano, el Parlamento «escenificó otro acto del gran teatro de género. La ultra izquierda propuso nueva vuelta de tuerca en favor de chiringuitos supremacistas sin exigir fiscalización y auditorías y PP y Ciudadanos tragaron con su abstención. Sólo VOX se opuso», señaló.

El vicepresidente Marín sostiene que la plantilla «no peligra en absoluto»

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, garantizó que «en absoluto» peligran las plantillas que conforman las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género que existen en la comunidad. El vicepresidente del Ejecutivo andaluz insistió en que la posición de la formación naranja en cuanto a la violencia de género es la misma y que el partido de Santiago Abascal «no va a conseguir que Cs se mueva ni un solo milímetro de las posiciones que ya hemos marcado». «Nuestra posición es tajante», recalcó. Por su parte, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, remitió a Marín para abordar esta polémica. Sobre las actividades en torno al próximo 8 de Marzo, Ruiz subrayó que «apuestan» por la igualdad, «una bandera que no es patrimonio de ningún partido político». «Existe muchísima desigualdad y muchísima violencia hacia las mujeres, contra la que tenemos que luchar todos, hombres y mujeres, y que no es patrimonio de ningún partido político», recalcó. La consejera señaló que se llevarán a cabo mucho actos y subrayó que «quiere estar en la manifestación del 8M siempre que no la capitalice ningún partido».

Reacciones

Susana Díaz, que participó en un acto por la igualdad salarial, señaló que la petición de Vox le suena a «purga», «a persecución y a otros tiempos que pensé que nunca tendría que conocer». Díaz sostiene que Vox pretende «señalar» a los trabajadores «para que empiecen a avergonzarse de lo que hacen y a ocultar a lo que uno se dedica».

Adelante Andalucía se refirió a una «persecución», criticando «el beneplácito de PP-A y Ciudadanos». «La ultraderecha pide la identidad de las personas que trabajan contra la violencia de género. Sentíos orgullosos, PP y Cs, de vuestros compañeros de viaje», resaltó Maíllo.