Plantean publicar las agendas de los diputados para controlar «lobbies»

En la segunda se sesión de la ponencia de estudio sobre la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, y dentro de la comparecencia de expertos invitados, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla José María Morales Arroyo planteó la oportunidad de introducir como novedad en la nueva redacción la obligación de publicar las agendas de los diputados para «controlar de forma indirecta a los ‘lobbies», es decir, a los grupos de presión que busca favorecer los intereses de determinado sector frente a las administraciones.

A juicio de Morales Arroyo, considerado uno de los principales especialistas en derecho parlamentario en España y colaborador de la redacción del actual Reglamento del Parlamento de Andalucía, «publicar las agendas de los diputados permitiría que los ciudadanos tuvieran conocimiento de esas reuniones y actos de diputados que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones o van a tener que ver con las decisiones que va a tomar como parlamentario y que puedan realmente afectar a una posible decisión». El objetivo planteado es doble, por un lado, «priva del carácter propagandístico que a veces tiene la proclamación de que un grupo o un diputado se ha reunido con un sector o un colectivo determinado», al entenderse que «si de antemano es conocido que se iba a celebrar esa reunión pues pierde ese carácter propagandístico». Y, en segundo lugar, asegura el experto «es una forma indirecta de controlar a los lobbies, que es una de las carencias legislativas que siguen existiendo en el parlamentarismo de este país tanto a nivel nacional como a nivel autonómico».

La medida supondría un avance del «principio de transparencia» que ya se aplica en el Parlamento Europeo. Del mismo modo, este catedrático sugiere incluir los «gastos de viaje de los diputados y los destinos de dichos viajes», así como «el monto de las sanciones económicas aplicadas a los diputados por incumplir su deber de asistencia», como ya sucede en algunos parlamentos.

Otro de los apartados objeto de debate fue la solicitud de información por parte de los diputados a autoridades externas de la Cámara, considerando este experto que se debe dar la posibilidad de pedir información a las autoridades europeas, ya que «las comunidades autónomas son actores que aplican el derecho europeo e implementan las políticas públicas de la Unión Europea». Una adenda que, recordó, ya se incluye, por ejemplo, en el Reglamento del Parlamento de Navarra. En este apartado, además, reflexionó sobre la necesidad de «instrumentos para corregir situaciones en las cuales la autoridad a que se solicite información no informe, o bien lo haga de una manera incompleta, o bien lo haga de una manera un poco sesgada».

Entre los instrumentos de reclamación expuso los naturaleza jurídica y política como elevar una queja y que sea la Mesa de la Cámara la que «discrecionalmente decida cuál es la mejor forma de dirigirse a esa autoridad para conseguir la información». Como permitir que, ante el silencio, la mala contestación o inadecuada contestación de la autoridad, se pueda generar una pregunta oral en el Pleno de la Cámara, o bien en una comisión específica, dirigida a un miembro del Consejo de Gobierno, y con ello un control de naturaleza política. O un requerimiento de comparecencia para la autoridad responsable de la falta de información.