Clamor por una financiación justa para prestar los servicios públicos

VALLADOLID – Una financiación lo más justa y equitativa posible. Que valores adecuadamente los criterios de territorio, densidad, dispersión y envejevimiento para garantizar en las mismas condiciones los servicios públicos. Es lo que demandan de manera unánime las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, La Rioja y, en especial, Castilla y León, tras un nuevo encuentro celebrado en esta ocasión en la ciudad de Zaragoza.

Por ello, las seis autonomías han consensuado un documento en el que se recogen los principios básicos que, a su juicio, deben presidir la negociación del nuevo modelo de financiación. El primero de ellos es que se reconozca la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías respecto al Estado, por cuanto prestan los servicios que configuran el núcleo del Estado del Bienestar y en especual la sanidad, educación y servicios sociales. De ahí que la reivindicación de que el punto de partida sea un incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las Comunidades.

La segunda aspiración que expresan los seis gobiernos es que se produzca por consenso de todas las autonomías y, en tercer lugar, que se garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Para ello, señalan, se hace preciso que la financiación de cada Comunidad responda a los costes efectivos de la prestación de servicios en los que influyen de manera esencial factores distintos del número de habitantes. Entre ellos destacan la extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población o envejecimiento, que en el modelo vigente sólo están reconocidas con un peso del tres por ciento.

La consejera de Hacienda resaltó la importancia que tiene el aumento de este porcentaje ya que las seis autonomías que han participado en este encuentro suman el 45 por ciento de la superficie española, un elevado porcentaje que contrasta con el hecho de que en ese extenso territorio reside el 19 por ciento de la población.

Pilar del Olmo aseguró que escolarizar a un niño en el medio rural cuesta el doble que hacerlo en una ciudad grande y advirtió que las comunidades dedican en torno al 80 por ciento de sus presupuestos a los servicios esenciales y otro 20 por ciento a otros servicios que también son fundamentales como mantener las acrreteras o luchar contra los incendios y eso «nada tiene que ver con la población», aseguró.

La declaración recoge también la necesidad de que la reforma del sistema de financiación autonómica esté coordinada con la modificación del sistema tributario que ha anunciado el Gobierno central. Esto se traduce en la conveniencia de que las comunidades tengan voz en la reforma fiscal, dada la relevancia de los recursos procedentes de los impuestos a la hora de garantizar su suficiencia financiera.

El encuentro que ha tenido lugar en la sede del Gobierno de Aragón y en él han participado la presidenta del ejecutivo aragonés, Luisa Fernando Rudi, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Sanz; la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo; el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández; la consellera de Facenda de Galicia, Elena Muñoz y la consejera de Administración Pública y Hacienda de la Rioja, Marñia Concepción Arruga, además de Pilar del Olmo.

LA AGENCIA DE MOODY'S RESPALDA LA GESTIÓN DE LA JUNTA

La agencia internacional de evaluación Moody's ha decidido elevar la calificación crediticia de Castilla y León hasta colocarla de nuevo al mismo nivel que la de España (Baa2 con perspectiva positiva). Una decisión que confirma la solvencia financiera de la Junta, por cuanto la Comunidad continúa e el nivel superior de las autonomías españolas. Asimismo, considera que el déficit público se encuentra bajo contro y la carga financiera, a pesar de su incremento en los últimos años, por debajo de la media nacional. El incremento de la calificación autonómica hasta el nivel de Baa2 está en consonancia con la mejora de la calificación del Reino de España, así como de unas perspectivas económicas más favorables a medio plazo que habrán de conllevar gradualmente mayores ingresos, lo que permitirá avanzar en el reequilibrio de las cuentas futuras. En este sentido, Moody's ha tenido también en cuenta la mejoría de las condiciones de acceso a los mercados financieros, lo que ha permitido volver a realizar emisiones de deuda pública al transmitir tranquilidad y seguridad a los futuros inversores en deuda de la Comunidad.