El Gobierno regional propone aplicar el acuerdo de las 35 horas en marzo pero los sindicatos lo rechazan

Sin acuerdo aún por la aplicación de las 35 horas. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mantenían un nuevo encuentro, en la tarde de ayer, con los representantes de los sindicatos para acercar posturas y les proponían la opción de la implantación de esta jornada laboral a partir del 31 de marzo del próximo año, aunque siempre sujeto a la existencia de presupuestos y otro tipo de requisitos económicos.

Si las dos partes no llegan a un acuerdo antes de las 14 horas de hoy, los sindicatos mantendrán la convocatoria de huelga prevista para el 6 de noviembre.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, advertía que «si no se acepta, pondremos a trabajar a las mesas técnicas, pero sin prisa de fechas, porque ya habremos superado la de la jornada de huelga general». En este sentido, destacó que el Gobierno regional «ha flexibilizado» todas las posturas desde la primera opción que fue aplicar el acuerdo el 1 de diciembre de 2020, hasta la segunda, el 1 de junio.

En este sentido, incidió en que la Junta «hace el máximo esfuerzo que puede y le permiten sus recursos» para garantizar la aplicación de la jornada efectiva de 35 horas desde el 31 de marzo. «Nos hemos comprometido a transmitirlo por escrito», respondió Ibáñez, a lo que es una petición expresa de los sindicatos.

En este sentido, el secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT de Castilla y León, Tomás Pérez, informó hoy de que la Junta “toma por tontos” a los empleados públicos porque siguen “sin cumplir” lo pactado en mayo de este año, cinco días antes de las elecciones autonómicas y municipales.

“Esto no debería ser una chirigota. No es una mercado árabe. Los acuerdos están para cumplirlos”, comentó Pérez, quien recordó que la Junta alegó al principio de la negociación motivos económicos, “pero dicen unas cifras, luego las niegan, y parece que no se llega a un acuerdo por cinco millones, cuando han suprimido un impuesto a los ricos por el que dejarán de ingresar más de 200 millones de euros”.