Castilla y León
La Junta insiste en que el Gobierno debe 26,6 millones ligados al Desarrollo Rural
El Ministerio, mientras, responde que «no adeudan ningún dinero, y no somos malos pagadores»
valladolid- Las aguas entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) siguen un poco revueltas. Mientras que el Ejecutivo autonómico insiste en que se les adeuda 26,6 millones del Programa de Desarrollo Rural, el subsecretario del Magrama, Jaime Haddad, asegura categóricamente que «no se adeuda dinero a nadie, y no somos malos pagadores».
En este sentido, la Consejería de Agricultura y Ganadería denunció que el Ministerio pretende que las obras ejecutadas por la Sociedad de Infraestructuras Agrarias Seiasa S.A. en modernización de regadíos sean consideradas como aportación al Plan, para reducir los apoyos que ya tiene comprometidos.
Asimismo, la Junta recordó que, para no perjudicar a miles de agricultores y ganaderos afectados, adelantó fondos por un valor de casi 10,5 millones que «debería haber aportado» el Gobierno central. «Se tratan de unas cantidades», añaden, «que han sido reconocidas por el Ministerio».
Y es que, según explicó el Gobierno Herrera, ambas administraciones «siempre han estado de acuerdo» en que Seiasa se pueda beneficiar de los fondos europeos, por lo que la Consejería la incluyó como beneficiaria y así reducir la aportación de los regantes en estas obras. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico «no entiende ni acepta que el Ministerio, este año, por primera vez desde hace tres años que lleva ejecutándose esta medida, pretenda contabilizar como aportación suya el anticipo que la sociedad realiza para ejecutar una parte de la obra, y que es devuelto por los regantes en 25 años a partir del año 26 desde la conclusión de las obras».
Por su parte, Jaime Haddad, que vino a Valladolid a explicar la situación a las organizaciones agrarias, informó de que la Junta que asumió el pago de los 4,5 millones de euros de Seiasa dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) con la firma de un convenio suscrito en 2009 entre el departamento dirigido por Silvia Clemente y el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al respecto, subrayó que que el convenio «es muy exhaustivo y está avalado por la Comisión Europea, en el que se explica meridianamente claro que parte tiene que aportar Seiasa» y el resto de administraciones. Jaime Haddad criticó que se acuse al departamento de Miguel Arias Cañete de «mal pagador», más cuando en 2012 abonó 71 millones, cuatro por encima del techo de gasto establecido en 67 millones (24 de remanentes, 41 del FEGA, 5,5 millones de Seiasa y 300.000 euros de otras líneas). Y para 2013, añadió, la reprogramación pactada a finales del año pasado supuso la reducción de 141 millones entre la Administración General del Estado (AGE) y la autonómica, dado que los fondos europeos se mantienen y «no se perderá ni un céntimo». Al respecto, con un techo de gasto de 45,5 millones, calculado al dividir los 136,6 millones que faltan del PDR -de los 475 totales entre 2007 y 2015- entre los tres años que restan de aplicación hasta 2015, Haddad sostuvo que ya se han abonado 13,3 millones del FEGA, más los 4,5 problemáticos de Seiasa y otros 4,3 procedentes de remanentes del ejercicio anterior, autorizados para este año.
En total, insistió en que han abonado 22,2 millones, el 50 por ciento del techo de gasto, y tiene de plazo hasta fin de año para transferir el resto.
Alto grado de ejecución
Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería se defendió y destacó que el pasado año alcanzó un grado de ejecución del Programa de Desarrollo Rural del 70 por ciento, con 1.274 millones comprometidos.
Este plan autonómico cuenta con diversas líneas de apoyo al sector destinadas a favorecer la instalación de jóvenes agricultores en el sector primario, fomentar la competitividad de las explotaciones a través de su modernización, ayudas a la mejora del medio ambiente, del entorno rural y de la calidad de vida en las zonas rurales y a la ejecución de los programas de desarrollo local que existen en la Comunidad y que son gestionados por los grupos de acción local.
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