La mejora económica reduce los pagos por despidos a la mitad de casos desde 2014

Los últimos cinco años año de crecimiento económico en Castilla y león han permitido oxigenar el Fogasa, uno de los mecanismos de protección para los trabajadores, que garantiza la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.

Los datos que facilita el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde que las cifras macro retornaron a positivo en la economía de la Comunidad, desde 2014 hasta 2018, revelan que el Fondo de Garantía Salarial tramitó en ese periodo apoyos para 35.336 trabajadores, cuando en el quinquenio anterior, marcado por la recesión, ascendieron a 71.762, es decir, el doble.

En concreto, las aportaciones en salarios e indemnizaciones para esos trabajadores sumaron en los cinco años de estudio 218,99 millones de euros, lo que representa una merma en más de 130 millones respecto a las cantidades consignadas en los cinco ejercicios anteriores de crisis, con una reducción porcentual del 37,6 por ciento. El informe indica que entre 2014 y 2018, el Fogasa tramitó 28.718 expedientes, un 42,1 por ciento menos que en el quinquenio 2009-2013. En cuanto a las empresas afectadas por insolvencias que acabaron en el Fogasa, ascendieron a 10.422, frente a las 22.570 de los cinco años precedentes, con una reducción del 53,8 por ciento.

Respecto a los fondos liberados por el Fogasa, más de 69 millones correspondieron a salarios, con un descenso del 38,5 por ciento; mientras que 149,9 millones fueron para indeminizaciones, que representan una rebaja respecto a los cinco años precedentes de crisis del 37,2 por ciento.

En relación a los afectados en la última década, en 2009 ya habían empezado a crecer con 9.972 respecto a los 4.468 de 2008, pero es que al año siguiente se dispararon a 12.428, un número que creció ligeramente en 2011 hasta los 12.785. El ejercicio posterior, 2012, la cifra volvió a saltar hasta los 17.850 y en 2013, el peor año de la crisis, se alcanzó el pico de 18.727 afectados por insolvencias empresariales.

A partir de ese año, los número positivos de las cifras macro, se tradujeron en una merma progresiva de los afectados, después de cinco años de una profunda reestructuración laboral, Así, en 2014, un año en el que todavía se arrastraron los perniciosos efectos de la crisis, la cifra de afectados ya había bajado respecto a 2013, a 16.723; para al año siguiente desplomarse hasta los 6.340; y mermar de nuevo en 2016, hasta los 5.276. El año 2017, el número de trabajadores que acudieron a Fogasa ya estaba en nivel previos a la crisis, con 3.747, y el año pasado se cerró con la cifra más baja de todo el periodo, con 3.250.

Y en cuanto a los desembolsos, el mayor volumen se alcanzó, pese a la llegada del ciclo expansivo, en 2014, con los últimos latigazos procedentes de la crisis, con 91,2 millones gastados en salarios e indemnizaciones por la entrada concursal de actividades, seguido ese ejercicio por 2012, con 91, y 2013, con 90,5 millones de euros. Asimismo, el año 2009 se desembolsaron 48,6 millones de euros, en 2010, 59,5 millones, y en 2011, 61,1. A partir de 2015 la cifra baja de forma incesante, con 45,1 millones ese año, para pasar a los 38,5 en 2016, a los 22,9 en 2017, y a los 21 millones el año pasado, también la menor de las cifras de la década.

Desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) consideran «muy positivos» estos datos del Fogasa de los últimos años relativos a su intervención en supuestos de insolvencia empresarial, abono de indemnizaciones y número de trabajadores afectados apoyados por el organismo. Si bien, apuntan que «no necesariamente pueden tener causa en la mejora de la economía, o al menos no exclusivamente».

Reconocen que esta menor intervención del Fogasa puede explicarse por la disminución de empresas en situación de crisis, pero advierten de que detrás existe otra realidad en nuestra Región «que es el estancamiento, cuando no reducción, en la creación de nuevas empresas que denota que aquella mejora en la economía no ha encontrado reflejo en el tejido empresarial».

Apoyo a los trabajadores y a las empresas

Cecale considera «fundamental» el papel del Fogasa, porque su actuación no solo pasa por garantizar los derechos económicos de los trabajadores, sino que igualmente apoya o protege a las empresas que atraviesan situaciones de crisis, a fin de impulsar su continuidad y, por ende, el mantenimiento del empleo. «Contar con instrumentos que fomenten y consoliden el tejido empresarial de la Región es clave», señalan.