Los sindicatos mantienen las movilizaciones al no haber acuerdo de 35 horas semanales para los empleados públicos

A pesar de las buenas palabras de unos y de otros en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio, el conflicto que mantienen los sindicatos con la Junta, para que se apliquen la reducción de 35 horas de trabajo a la semana para los empleados públicos, se enquista.

La reunión que mantenían ayer los representantes sindicales con el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, duraba apenas media hora y, lejos de acercar posturas, ahora la sensación es que éstas se encuentran más alejadas que nunca y que el acuerdo parece más imposible que nunca. De hecho, los sindicatos se mostraban «indignados» e incluso «amenazados» a la salida del encuentro y aseguraban que mantienen las movilizaciones en la calle que habían anunciado esta semana como medida de presión. En concreto, una protesta el 3 de octubre en las delegaciones territoriales; otra más el 17 de este mismo mes en Valladolid, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno; un nuevo paro de dos horas el día 25 a las 11.30 horas; y, finalmente, un paro general el 6 de noviembre.

Y es que tal es el cabreo que tenían los representantes de CCOO, UGT y CSIF presentes en la reunión, que advertían a la Junta de que a partir de ahora los contactos serán con el comité de huelga.

Los sindicatos llevaban como propuesta que la Junta se comprometiera a mantener el horario de verano existente a partir del 1 de octubre y que el 1 de enero se empezara a aplicar las 35 horas de trabajo.

La contestación del Gobierno autonómico ha sido la de rechazar esta propuesta por el límite presupuestario que tienen y porque consideran que de aplicarse en tan breve espacio de tiempo esta medida no se garantizaría una prestación adecuada de los servicios públicos.

Antes del encuentro, el consejero Ángel Ibáñez defendía el compromiso claro e inequívoco de la Junta en llegar a un acuerdo, y quitaba hierro incluso al hecho de que este asunto les pueda perjudicar en las próximas elecciones generales, como así les habían amenazado desde los sindicatos del sector público.

Ibáñez siempre ha dejado claro que la posición de la Junta es de «responsabilidad» con los castellanos y leoneses, e insistía en que si no se garantiza la prestación de unos servicios públicos de calidad ni se ofrece equidad a los 85.000 empleados de la Administración autonómica, ni hay estabilidad económica, la aplicación de las 35 horas no podría llevarse a efecto. En la reunión, Ibáñez enseñaba una carta que el consejero Fernández Carriedo ha enviado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando las entrega a cuenta para poder abordar la reducción de la jornada y la oferta de empleo pública

Pese al cabreo sindical y las movilizaciones, anunciadas, desde la Junta insisten en su voluntad de seguir dialogando para que la reducción se haga «asegurando la correcta prestación de los servicios públicos».

Una herencia con algo de veneno

Uno de los puntos de desencuentro es que los sindicatos creen que el acuerdo de mayo firmado con De Santiago-Juárez establece la reducción inmediata de la jornada de los empleados públicos de la comunidad a las 35 horas semanales. La Junta no lo ve así y dice que este acuerdo pedía al futuro Ejecutivo regional las modificaciones normativas oportunas para alcanzar las 35 horas a lo largo de esta legislatura. Ibáñez negaba que el acuerdo de mayo sea una herencia envenenada del anterior Ejecutivo, y defendía su «buena fe».