Castilla y León

No más deuda sino solución inmediata a las necesidades de financiación de la Región

Ésta es la postura de Castilla y León que ha defendido Pilar del Olmo ante las ministras Montero y Batet

Pilar del Olmo saluda a la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet
Pilar del Olmo saluda a la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batetlarazon

Castilla y León no quiere más deuda sino una solución a las necesidades financieras que necesita la Comunidad. Así lo puso sobre la mesa la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Ejecutivo socialista, que estuvo presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la de Administración Autonómica, Meritxell Batet.

Una reunión tensa, que ya empezó con polémica por la ausencia del vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonés, que se justificó señalando que prefiere negociar en la comisión bilateral Estado-Generalitat. Una postura que para Pilar del Olmo supone «una falta de consideración y respeto para el resto de España», al alegar que Cataluña «está en otras cosas».

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se ha abstenido, y la oposición de las del PP y Canarias.

De esta forma, las comunidades tendrán el año 2019 un objetivo de déficit del 0,3 por ciento, y no del 0,1 % como estaba estimado. En la reunión del CPFF se ha acordado además crear grupos de trabajo políticos para impulsar la reforma de la financiación autonómica y otro para estudiar la armonización tributaria de las autonomías, pero sólo de los impuestos cedidos.

«No queremos más deuda porque rebajar el déficit supone endeudarnos más, pagar más intereses y no es la solución a la intrafinanciación de las Comunidades Autónomas». Para la Junta la reforma es «esencial y fundamental» para el funcionamiento de las autonomías y para el propio bienestar de los ciudadanos, ya que son las administraciones regionales las responsables de prestar servicios como la sanidad y la educación».