Silvia Clemente asegura que el Consultivo aporta democracia y control autonómico

La presidenta de las Cortes presenta, junto a Mario Amilivia, la Memoria Anual de este órgano asesor.

«El Consejo Consultivo da una garantía de respuesta a los ciudadanos, aporta más democracia y un mayor filtro y control a la legalidad autonómica».

Son palabras de la presidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente, ayer en Zamora, durante la presentación de la Memoria Anual de este órgano asesor que, el pasado año, emitió un total de 513 dictámenes, muchos de ellos de enorme complejidad y trascendencia pública, de los cuales ocho de cada diez se resolvieron en apenas dos semanas. Concretamente, en 14,6 días hábiles de media, lo que suponen veinte menos de lo que estipula la Ley Reguladora.

El informe de 2016 desvela asimismo la independencia y, sobre todo, la autoridad del Consejo Consultivo, ya que el grado de aceptación de sus resoluciones por parte de las administraciones fue del 97 por ciento. La mayor parte de los dictámenes emitidos tuvieron que ver con asuntos de responsabilidad patrimonial ( (359) que sumaron 40,3 millones de euros en indemnizaciones y, dentro de estas, cabe señalar que tres de cada diez consultas de este tipo fueron sobre daños generados por el deficiente estado de las aceras, y el 15,6 por ciento, por accidentes derivados del mal estado de las calzadas. Además, dos de cada diez consultas fueron por posibles perjuicios en el ámbito sanitario.

De la misma forma, la presidenta del Legislativo autonómico ponía en valor la garantía de legalidad y transparencia del Consultivo en su tarea como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) y en un plazo medio de 32 días de resolución del asunto desde la interposición del mismo. «Se puede recurrir a él de forma rápida en todos los procesos de contratación pública que se lleven a cabo sin tener que paralizarlos», decía Clemente, para quien el Consejo Consultivo corrige eficaz y ágilmente cualquier duda ciudadana ante la contratación pública.

El presidente de este órgano asesor, Mario Amilivia, por su parte, hacía hincapié en las 92 resoluciones aprobadas por el Tarccyl para un montante superior a los 673 millones de euros e insistía en que su labor «está permitiendo depurar con gran éxito la contratación pública y que prospere la mejor y más ventajosa oferta económica». En el lustro que lleva en funcionamiento, el Tarccyl ha experimentado una actividad creciente cada año, con un total de 401 asuntos resueltos hasta el 1 de enero pasado y tras haber intervenido en contratos públicos por valor de más de 3.200 millones de euros.

Igualmente, Amilivia ponía en valor que solo el 5 por ciento de los casos tratados por este tribunal acudieron finalmente a la Justicia. «Ha contribuido a dar certidumbre y seguridad jurídica, fijando la doctrina jurídica aplicable», apuntaba el presidente del Consultivo, mientras anunciaba que como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley de Contratos, el recurso especial en materia de contratación dejará de ser potestativo para ser preceptivo, lo que, en su opinión, podría conllevar a reforzar la estructura de este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Diálogo y pluralidad

Por otra parte, la presidenta de las Cortes participaba ayer en León en el XV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España que, bajo el lema «Parlamento y Parlamentarismo: origen y retos», congregaba en la capital leonesa a más de doscientos participantes.

Allí, Clemente ponía en valor el papel de los parlamentos por las distintas sensibilidades que puede acoger», y destacaba que, en el caso de Castilla y León, la pluralidad resultante en las Cortes tras las autonómicas de 2015 y el hecho de que hay que dialogar más al no existir mayorías absolutas, ha permitido que hayan salido adelante en un año el triple de iniciativas que en el mismo periodo de la pasada legislatura.