La comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte de Barcelona acordó ayer, a propuesta del PP instar al gobierno de Ada Colau a crear un área de asesoramiento y apoyo a los propietarios afectados por ocupaciones en las oficinas de vivienda ya existentes en los distritos de la ciudad, algo que contó el poyo del grupo Demòcrata y Cs, el rechazo del gobierno de BComú y PSC, además de la abstención de ERC. A su juicio, las dependencias municipales ya hacen ese tipo de función. En cualquier caso, el Ayuntamiento aprovechó para explicar datos sobre vivienda y reveló que en la ciudad hay 869 pisos ocupados. El 80 por ciento son propiedad de entidades bancarias y el resto, de pequeños propietarios.

La concejal del PP Ángeles Esteller aseguró que las ocupaciones irregulares han ido al alza en el último año y acusó al gobierno de generar un efecto llamada. «Ustedes venden el mensaje: “venga a Barcelona y ocupe, que tienen el apoyo de la alcaldía”», dijo Esteller. La concejal denunció el incremento del 66% de las ocupaciones entre 2015 y el primer semestre de 2016, pasando de 642 a 1.065. Desde Cs, Marilén Barceló señaló que «no podemos permitir esta cierta complicidad del gobierno con los ocupas», y reclamó «no dar la espalda» a los propietarios afectados.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, relativizó «la gravedad del problema» ya que el número de pisos ocupados supone el 0,10% de todo el parque de vivienda de la ciudad. «Esto que uno marche de casa y le ocupen el piso es un mito», afirmó. Por lo que negó cualquier tipo de «complicidad» con los ocupas.

La socialista Carmen Andrés señaló que las ocupaciones son un problema y que los propietarios tienen derecho sobre sus propiedades, pero criticó al PP al considerar que el Gobierno al no trabaja para garantizar el acceso a la vivienda: «Los discursos en un solo sentido y eludiendo responsabilidades en otro no son adecuados».

Desde el grupo Demòcrata, Maite Fandos defendió que los pequeños propietarios deben poder contar con este asesoramiento, y recordó que la propuesta no va dirigida a bancos ni a grandes sociedades de inversión inmobiliaria, sino a ciudadanos que «tienen derecho y la necesidad» de estas viviendas. La republicana Montserrat Benedí señaló que las ocupaciones son un problema en el ámbito de vivienda de la ciudad, pero no el principal -que considera que es la falta de vivienda pública y accesible-, por lo que se abstuvieron. La concejal que representa a la CUP en esta comisión, Maria Rovira, no ha asistido a esta sesión porque se encuentra en el Kurdistan –que celebra en Newroz–, porque considera que su defensa de los derechos sociales pasa por mostrar también su solidaridad con “un pueblo que lucha por su la autodeterminación».