Bienestar prorroga la suspensión de las ayudas vinculadas a una residencia

Tal y como presagiaban las entidades sociales, la conselleria de Bienestar y Familia ha incumplido su compromiso de restablecer las ayudas a los dependientes. Con un comunicado, el departamento dirigido por Neus Munté anunció ayer por la tarde que la Generalitat mantendrá la suspensión de realizar nuevos Programas Individuales de Atención y, así, el ingreso de estos solicitantes en residencias.

La consellera Munté aseguró, el pasado mes de julio, al paralizar estas prestaciones, que la medida sería temporal, que sólo se alargaría los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, la presidenta de la Mesa del Tercer Sector ya advirtió entonces que su promesa iba ligada a los presupuestos generales del Estado por lo que restaba por ver que pudiese cumplir con ella. No ha sido así y, de hecho, Bienestar señala directamente a «los recortes y constantes incumplimientos económicos del Gobierno del Estado en relación con la Ley de la Dependencia» para justificar su propio incumplimiento.

En julio, unas 500 personas se vieron afectadas por la congelación de la tramitación de los PIA con una prestación económica vinculada a una plaza de residencia, según la Generalitat. Pero las entidades del sector aseguraron que unas 17.000 euros aguardaban ya entonces para poder acceder a un centro público. Además, apuntaron que la medida no haría más que engrosar las listas de espera y exigieron a Bienestar que tomara cartas sobre el asunto más allá de esperar a que el Ejecutivo ingresara su parte de las ayudas. Actualmente, las prestaciones de la Ley de Dependencia las subvenciona en un 80 por ciento la Generalitat y en otro 20 por ciento el Gobierno.

Concierto «insostenible»

La conselleria explicó en su comunicado que en 2011, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) abrió un proceso para acreditar plazas en residencias de titularidad privada para acoger a personas con un prestación vinculada, precisamente, a una plaza residencial.

La iniciativa conllevó que las listas de espera para acceder a un centro público menguaran, pero la concertación del servicio se ha vuelto, hoy por hoy, «insostenible», según Bienestar. Por ello, «aunque se habló inicialmente de dos meses de suspensión, una vez sabido definitivamente el objetivo de déficit para el actual ejercicio y habiéndose confirmado la dificultad presupuestaria, el Icass se ha visto en la necesidad de mantener esta suspensión».

«El sobresfuerzo que cada vez más estamos haciendo desde la Generalitat para dar vigencia a la Ley de la Dependencia nos obliga a buscar soluciones dialogadas con el sector para garantizar la sostenibilidad de la ley», apuntó la directora del Icass. Y añadió que «el diálogo ha estado siempre constante y fluido pero se intensificará en los próximos días». Sin embargo, no lo ven así las patronales del sector que, precisamente ayer, emitieron una nota informativa conjunta criticando un nuevo recorte de Bienestar. La conselleria ha decidido rebajar un 4,6 por ciento la tarifa de los servicios sociales prestados en el ámbito sociosanitario con efectos retroactivos al pasado enero. El sector, además de denunciar que en julio Bienestar negara que fueran a haber nuevos recortes, lamentó que éste se anuncie cuando los centros ya tiene la planificación del año 2013 hecha y de forma apresurada.