El Govern descarta la tasa para cruceristas

Una de las grandes bazas de Ada Colau durante la campaña a las elecciones municipales fue su osadía a la hora de prometer un cambio radical en el modelo turístico de Barcelona. Y así fue. Una vez al frente de la alcaldía, una de sus primeras decisiones fue poner coto a la gallina de los huevos de oro, suspendiendo durante un año las licencias a nuevos alojamientos turísticos en la ciudad. Una medida que puso en jaque a 30 proyectos hoteleros, entre ellos el de la famosa Torre Agbar. En febrero, levantó el veto a nuevos hoteles, pero sólo en el extrarradio, y en abril anunció la prohibición de abrir pisos turísticos en toda la ciudad.

La intención de la alcaldesa de frenar el crecimiento turístico de Barcelona le llevó incluso a levantar el hacha de guerra contra la economía colaborativa y multar a plataformas como Airbnb y Homeway por anunciar inmuebles que carecían de licencia.

A la Generalitat no le gustó nada la forma de hacer de Colau y decidió negociar por su cuenta con estas plataformas. Así que legalizó la oferta de sus pisos y habitaciones , a cambio de que los particulares recaudasen la tasa turística. Algo parecido ha ocurrido ahora con la intención del ejecutivo municipal de crear una tasa para aquellos turistas que no pernocten en la ciudad, tal es el caso de los cruceristas. Ayer, el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Batet, descartó en una entrevista en el programa «Converses» de la Cope que el Ayuntamiento pueda tirar adelante con esta propuesta, ya que es una competencia de la Generalitat.

A nadie le extraña la decisión del conseller cuando la actividad de los cruceros genera una facturación anual de 796 millones de euros, una contribución de 413,2 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña y permite el mantenimiento de 6.759 puestos de trabajo a tiempo completo. Por eso, que el Consistorio pretenda fiscalizar este sector puede echar para atrás a los grandes cruceros que cada verano atracan en el Puerto y que el año pasado trajeron a la ciudad a más de 2,5 millones de viajeros. A este respecto el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, dijo no entender por qué ahora Colau pretende implantar este tributo cuando «la industria crucerística ya paga sus impuestos, entre los que se encuentra la tasa turística para aquellos que hacen una escala superior a las doce horas».

No es la primera vez que la Generalitat tumba los proyectos que Colau, a sabiendas que exceden de sus competencias. Tal fue el caso de su política de refugiados, su intención de intervenir en la política sanitaria de Cataluña o la de poner un coto al precio de los alquileres. En todos estos casos, el Govern echó para atrás las medidas, pero sin demasiado ruido, consciente de que la alcaldesa es ahora su banquera de emergencia y la que ha permitido, por ejemplo, financiar la línea 9 de Metro.