El Govern «revisará» la Transición y suprimirá los símbolos franquistas

Inicia los trámites para impulsar una ley integral de memoria democrática en el Parlament, aún en estado embrionario.

El Govern inició ayer los trámites para acordar una ley integral de memoria democrática, que facultará a la Generalitat para retirar simbología franquista de las calles y plazas de Cataluña, entre otros aspectos. Sin embargo, el punto más sorprendente es la creación de una comisión de la verdad que «estudiará, aclarará y cuantificará los crímenes de lesa humanidad» cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura de Franco y también durante la Transición. Este último un aspecto novedoso, que la propia consejera de Presidència, Elsa Artadi, valoró ayer: «La Transición no se ha acabado de esclarecer, por lo que no nos podemos parar en 1975», aseguró.

Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo catalán no dio más detalles al respecto ni aclaró hasta qué año buceará la comisión de la verdad ni quién la integrará.

Artadi justificó este nuevo mecanismo por la necesidad de «dar luz» sobre el franquismo y una transición que a su juicio se «cerró en falso», pues aún hay miles de desaparecidos en fosas y cunetas y tampoco se ha cuantificado, por ejemplo, los «bebés robados» o las personas LGTBI que fueran represaliadas durante la dictadura.

Otra de las novedades es que, una vez aprobada por el Parlament, la normativa permitirá a la Generalitat retirar simbología franquista incluso en contra del criterio de un Ayuntamiento, lo que afectaría a casos como el monolito conmemorativo en el Ebro a su paso por Tortosa, monumento que se mantiene en pie después de que así se acordara en una consulta popular organizada en 2016 por el entonces alcalde Ferran Bel (Pdecat).

Sin embargo, aún queda mucho para que la nueva ley integral de memoria democrática empieza a tomar forma. En concreto, lo que aprobó ayer el Govern es la memoria preliminar del anteproyecto con el objetivo de integrar en una sola normativa las tres leyes aprobadas por el Parlament: la Ley de Fosas (2009), la del memorial democrático (2017) y la de reparación jurídica, de este año.

La nueva normativa también prevé que los departamentos de Justicia y Enseñanza estudien la incorporación de la memoria democrática en el currículum educativo. En palabras del Govern, la ley busca «cumplir con el deber de memoria histórica que tienen los Estados de acuerdo con las exigencias de Naciones Unidas» y con los principios de «justicia, verdad, reparación y obligación de no repetición».