Cataluña

Junts pel Sí y la CUP cierran la «ley trampolín» para saltar a la República

Evitan dar detalles para sortear al TC, pero anuncian el esqueleto de la transitoriedad jurídica.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras durante la última reunión ordinaria del año del ejecutivo catalán.
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras durante la última reunión ordinaria del año del ejecutivo catalán.larazon

Evitan dar detalles para sortear al TC, pero anuncian el esqueleto de la transitoriedad jurídica.

El proceso soberanista está lleno de contradicciones. Consiste, por una parte, en una secuencia inacabable de espectáculos públicos (manifestaciones, protestas, pancartas, declaraciones y palmas) y, por otra parte, en una retahíla de intrigas de despacho. A este segundo ámbito pertenece el pacto cerrado y anunciado ayer por Junts pel Sí y la CUP para la futura aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, la norma trampolín que debe permitir, presuntamente, el salto de la Cataluña autonómica a la Cataluña independiente.

Del texto apenas han trascendido detalles, puesto que los soberanistas temen la impugnación ante el Tribunal Constitucional y han optado por colocar el articulado bajo llave. Los socios independentistas únicamente dieron a conocer ayer el artículo 1 de la ley («Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social») y los nueve epígrafes que contiene. Este esqueleto articula, entre otros aspectos, el diseño del sistema institucional, los derechos y deberes, y establece, asimismo, las consideraciones básicas sobre nacionalidad y territorio.

Según las magras explicaciones ofrecidas por la CUP, la ley de transitoriedad jurídica –considerada esencial para la fundación de la República catalana– es el fruto de seis meses de debate entre los socios soberanistas. La norma es una de las tres leyes de desconexión que se están redactando en el Parlament y servirá para amparar la autodeterminación de Cataluña, es decir, que será el paraguas legal que dará cobertura al referéndum soberanista. Este aspecto podría sufrir modificaciones, ya que Junts pel Sí y la CUP pretenden consensuarlo con Catalunya Sí que es Pot (la marca catalana de Podemos en el Parlament).

Pero lo cierto es que las cosas no marchan por muy buen camino en este sentido. El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, calificó de «nuevo placebo político» la ley anunciada y lamentó que no hayan facilitado el contenido de la norma.«Una ley clandestina para burlar al Estado puede acabar convirtiéndose en un autoengaño a los ciudadanos de Catalunya», advirtió el dirigente ecosocialista, que consideró que el proceso soberanista está en una situación de bloqueo. En todo caso, su formación, aseguró, no renunciará a debatir la ley cuando los dos partidos soberanistas la registren en la Cámara, pero alertó de que el proceso soberanista corre el riesgo de entrar en un «estancamiento perpetuo».

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fue la única dirigente que ofreció alguna explicación política sobre la ley de transitoriedad jurídica. Preguntada en una entrevista de Europa Press sobre la probable inconstitucionalidad de la norma, Rovira respondió: «Entendemos que esta ley es inimpugnable». Y añadió: «Ante futuras impugnaciones y suspensiones por parte del Tribunal Constitucional, ¿qué alegaremos? Que tenemos un mandato democrático de los ciudadanos».

La idea de Junts pel Sí y la CUP es presentar y aprobar la ley de transitoriedad jurídica antes del verano de 2017, es decir, antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, firme el decreto de convocatoria del referéndum, el cual se ha comprometido a celebrar con o sin el aval del Estado, como muy tarde en septiembre del año que viene.

Esquivar al Constitucional

Cabe recordar que el pasado viernes, el TC anuló la creación de las tres ponencias conjuntas del Parlament impulsadas por JxSí y la CUP para elaborar las tres leyes de desconexión (hacienda propia, seguridad social y régimen jurídico), al estimar los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y el PSC. Una de las posibilidades que los independentistas contemplan para contrarrestar la acción del Alto Tribunal es que, una vez hagan valer su mayoría para aprobar la ley en el Parlament, sólo entre en vigor inicialmente el apartado referido al referéndum, de tal manera que si saliese vencedor el «sí» a la independencia, se procedería a dar validez al resto del texto.