La CUP exige acelerar el referéndum tras el arresto de uno de sus ediles

«No estamos dispuestas a ver cómo siguen las detenciones», dice la diputada Anna Gabriel.

Vuelve el vértigo. Apenas cuatro días después de que los partidarios del derecho a la autodeterminación de Cataluña acordaran en el Parlament dar impulso a un referéndum acordado con el Gobierno, la CUP se descolgó ayer exigiendo acelerar los tiempos de la votación prescindiendo de cualquier negociación con Madrid. Junts pel Sí y la CUP pactaron el mes de septiembre como fecha límite, pero el partido antisistema ya defendió a principios de diciembre precipitar la consulta para dar respuesta a las eventuales inhabilitaciones de cargos soberanistas.

Ayer, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, volvió a hacerlo, justo un día después de la detención de su correligionario Joan Coma, el concejal en Vic a quien la Audiencia Nacional investiga por su llamamiento a la sedición en un pleno municipal. «A mayor judicialización, adelanto del referéndum», afirmó Gabriel en una entrevista de Europa Press.

La anterior petición de la CUP de acelerar el referéndum no gustó al PDECat –la vieja Convergència–, que no ve motivo alguno para modificar el calendario de autodeterminación porque los antisistema tan siquiera se han comprometido a dar su apoyo definitivo a los presupuestos de la Generalitat de 2017. En cambio, ERC está de acuerdo con la idea de la CUP de avanzar la votación rupturista si se produce una cadena de inhabilitaciones.

Según Anna Gabriel, «hay motivos suficientes como para constatar que el Estado no tiene voluntad de abrir una mesa de diálogo y, por tanto, nosotros vemos más que justificado el adelanto de la fecha del referéndum».

Nadie en el Govern, sin embargo, se ha mostrado partidario de introducir más velocidad al proceso soberanista aunque nadie se atreve tampoco a descartarlo debido a la precaria mayoría que tiene Junts pel Sí en el Parlament de Cataluña.

En el horizonte inmediato (principios de febrero) se avista el juicio a Artur Mas por su papel en la organización de la consulta del 9 de noviembre. Sin duda, su inhabilitación agitaría el movimiento soberanista, aunque el trabajo que el Govern se ha propuesto para tener a punto las leyes de desconexión –base jurídica de la presunta República catalana– está lejos de concluir.

«No estamos dispuestas a ver cómo caen las condenas o cómo siguen las detenciones que no sabemos hasta donde pueden llegar», subrayó la diputada de la CUP. Sostuvo en este punto que avanzar el referéndum no contraviene la resolución del Parlament que establecía hacerlo tras el verano, ya que en el texto se recogía que debía celebrarse «como muy tarde» en septiembre y, por tanto, la puerta para avanzarlo está abierta.

Gabriel mostró su conformidad con que el Govern y el espacio que orbita en torno a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insistan en hacer campaña para defender el referéndum por la vía pactada con el Estado, pero recordó que ésta no es la apuesta de la CUP. «En la cumbre fuimos muy claros. No confiamos en la vía pactada. Hay indicios suficientes como para darse cuenta de que el Estado no tiene la voluntad de resolver el conflicto desde una perspectiva democrática», argumentó. El interrogante, claro, es si el espacio de Ada Colau aceptará la vía unilateral para consumar el referéndum de autodeterminación de garantías inciertas.