Los Pujol tendrán que pagar el 43% del dinero que afloren, más un recargo del 20%

Regularizar una situación fiscal con Hacienda está al alcance de cualquier ciudadano siempre y cuando la Agencia Tributaria o la Justicia no hayan iniciado una investigación para el ejercicio de referencia. Por lo que parece, es el caso en el que se encontrarían inmersos los hijos de Jordi Pujol. Según José María Mollinedo, secretario general de Gestha, sindicato de Técnicos de Hacienda, en este caso concreto se entiende que la regularización ha sido voluntaria al no haberse iniciado ningún proceso previo de investigación. Según Gestha, la voluntariedad no conlleva sanciones tributarias y es liberatoria de la imputación de delito fiscal.

La nota difundida ayer por Jordi Pujol parece indicar que alguno o algunos de sus siete hijos se acogieron a la denominada amnistía fiscal que el Gobierno decretó en el año 2012 y cuyo plazo expiró el 30 de noviembre de ese mismo año. El proceso extraordinario que aprobó el Ministerio de Hacienda permitió que afloraran rentas ocultas a cambio de abonar únicamente el 10% del dinero. Así, una persona que reconociera tener ocultos 5 millones de euros saldó sus cuentas con el Fisco aportando 500.00 euros, una cifra muy reducida.

Según Mollinedo, aquellas personas que no se acogieran a la amnistía fiscal –la mayoría de los hijos a tenor del comunicado de Jordi Pujol– han pasado a depender de las modificaciones de la Ley Antifraude, que penaliza las regularizaciones posteriores de los bienes que se tienen en el extranjero por encima de los 50.000 euros en dinero, en inmuebles y en acciones. El Modelo 720 de la Agencia Tributaria sobre bienes situados en el extranjero obliga a declararlo cada año dentro de los tres meses siguientes al año vencido.

Si, como parece, la regularización se ha producido «en los últimos días», todos los plazos legales han concluido. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que se aflore tributa como ganancias patrimoniales no justificadas con un tipo marginal máximo cuando superan los 300.000 euros, según confirma Mollinedo. Quienes de la familia Pujol no hayan pagado el 10% de la amnistía fiscal de 2012 habrán tenido que pagar un 43% –tipo marginal máximo vigente en Cataluña en el año 2010, último año que no ha prescrito desde el punto de vista fiscal–. Así, para un millón de euros, por ejemplo, tendría que pagar 430.000 euros, más un 20% de recargo por hacerlo fuera de plazo, cifra a la que habría que añadir otro 5% anual en concepto de intereses de demora a contar desde el 30 de junio de 2012. Más de 550.000 euros por millón. «Se evitan el delito fiscal», dice Mollinedo, y se ahorran el 150% de la sanción que les hubiera impuesto Hacienda en el caso de haber descubierto la Agencia Tributaria el caso.