Los trabajadores del Sant Pau estudian querellarse contra Boi Ruiz

Creen que las declaraciones del conseller de Salud, Boi Ruiz, del pasado lunes en las que los instaba a «arremangarse» para evitar el cierre del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau están plagadas de mentiras. Consideran que las palabras de máximo responsable de la sanidad catalana pueden constituir, incluso, un delito de coacciones y amenazas. Por ello, los trabajadores del Sant Pau estudian querellarse contra Boi Ruiz. Así lo comunicó el comité de empresa ayer.

En apenas una semana, las imputaciones de ex altos cargos del centro sanitario por supuestas irregularidades de gestión se elevaron a quince; el Patronato de la Fundación gestora del hospital dimitió en bloque; el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat instó a la dirección a solicitar un concurso de acreedores ante una «inmenente solvencia»; y el conseller de Salud achacó la frágil situación financiera del centro a la conflictividad laboral. Para el comité de empresa, la situación actual tiene cuatro causas muy concretas. Infradotación, «no puede ser que ni el edificio donde estamos –el hospital– no sea propiedad de la fundación gestora», dijo la presidenta del comité de empresa, Carmen Pérez; la propia arquitectura fundacional que gira entorno al centro sanitario –cabe recordar que tres entidades privadas lo forman, la gestora, la patrimonial y la de investigación–; la falta de una gestión profesional, eficiente y honesta –lo que ya llevado a que la Justicia impute a 15 ex directivos del centro–; y la infrafinanciación histórica. En este punto, Pérez señaló que el presupuesto de Sant Pau del año pasado fue 151 millones inferior al otorgado al Hospital Clínic, «cuando son centros de características similares». Además, apuntó que la dimisión del patronato de la fundación gestora y del gerente del hospital, Xavier Corbella, puede venir motivadas porque la Generalitat se niega a dotar al centro del presupuesto que requiere. Según Pérez, Corbella presentó un plan de viabilidad a los directores de servicio poco antes de dejar el cargo que cifraba las necesidades del cento en 290 millones de euros. Al parecer, la Generalitat puso el límite en 243 millones, algo con lo que Corbella no transigió.

Los empleados instaron al conseller a dejar de señalarlos como los culpables y solucionar los verdaderos problemas del hospital «mejor valorado por los usuarios de toda Cataluña, según una encuesta de la propia Generalitat». Más cuando el comité de dirección quiso dejar clara, con un comunicado, «la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad de todos los trabajadores del hospital, que en una situación de conflictividad laboral y discrepancias manifiestas, han conseguido mejorar la actividad y los indicadores de calidad».

Los sanitarios recordaron que sí han sufrido las medidas de recorte impuestas por el Gobierno y la Generalitat y que han visto, entre otros, como su salario sufría una rebaja del 30 por ciento.

Los trabajadores valoraron positivamente la propuesta del Arzobispado de revertir el patrimonio en la gestión, aunque el conseller quiso dejar claro que quien toma ese tipo de decisiones es la Muy Ilustre Administración, la propietaria del centro y que está formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, además del propio Arzobispado.