Torra será juzgado por negarse a retirar los lazos amarillos

El TSJC fija la vista para los días 25 y 26 de septiembre.

Como era de prever, otoño también será testigo del juicio por los lazos amarillos al presidente de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijó ayer el juicio oral a Quim Torra para el 25 y 26 de septiembre, una fecha que alimenta todavía más la tensión en un frenético calendario político, que tendrá la sentencia del «procés», prevista para principios de octubre, como punto álgido. El president irá a juicio por un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente tras desatender las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) durante la precampaña del 28-A.

El president, lejos de asumir la notificación de la fecha del juicio, anunció ayer que emprenderá acciones legales porque considera que «es un señalamiento marcadamente precipitado» y agitó las sospechas de arbitrariedad sobre su proceso judicial. Según argumentó en un comunicado, se ha acordado la fecha del juicio –31 de julio– antes del auto de admisión y denegación de pruebas –2 de septiembre–, una circunstancia que, según adujo, es contraria a lo que marca la Ley de enjuiciamiento criminal –se aferró al artículo 785.2–. «Hay que tener en cuenta que los jueces y tribunales no tan solo deben ser imparciales, sino que también deben tener la apariencia. Y esta irregularidad pone en duda esta imparcialidad», afirmó.

En la misma línea, criticó la «celeridad» de la justicia contraponiendo su causa a la del «procés». «Hay personas demócratas que deben esperar dos años en prisión provisional la resolución de su proceso penal. En este caso, podemos comprobar que la prisa del tribunal por resolver el caso es absoluta», reprochó. «La justicia es lenta cuando quiere», agregó.

La vista oral llegará justo en la antesala de la sentencia del «procés» y pocos días más tarde de que venza el plazo para investir a un presidente del Gobierno –23 de septiembre–, donde los partidos independentistas tienen un papel determinante para facilitar el desbloqueo y evitar una nueva repetición electoral a nivel nacional. Días antes, el independentismo tiene una cita clave en la Diada –11-S–, que se convertirá en la primera prueba para medir si todavía mantiene la capacidad de concentración de años anteriores y ejercerá de punto de partida a las movilizaciones y la agitación de este otoño. Tal y como Torra precisa en el comunicado, la fecha del juicio también coincide con la fecha del primer pleno fijado en el Parlament, en el que previsiblemente se celebrará el Debate de política general.

En su declaración ante el TSJC del pasado 15 de mayo, Torra no tuvo dudas en admitir que desobedeció las órdenes de la JEC al considerar que eran «manifiestamente ilegales» y dictadas por un órgano «no competente» y asumió todas las responsabilidades. En este sentido, también alegó que se debe a un «mandato superior» de la ciudadanía «en defensa de los derechos humanos». El president desoyó hasta en tres ocasiones las resoluciones de la administración electoral –la primera de ellas se publicó el 11 de marzo–, lo que empujó a la Fiscalía a querellarse el pasado 27 de marzo. Ahora, el Ministerio Público pide condenarle por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación. De ser así, el president dejaría de ejercer sus funciones.