El Ayuntamiento de Valencia está pagando 363.000 euros al mes a la UTE (unión temporal de empresas) que gestiona la grúa municipal, según denuncia del PP.

Por el momento, el Consistorio lleva gastado más de un millón de euros al que se ha de sumar los dos millones y medio que se gastó para rescindir el contrato que tenía suscrito con la misma empresa a la que ahora renueva el encargo mensualmente, sin ningún expediente de licitación, es decir, a dedo.

El edil del PP, Félix Crespo, denunció la falta de rigor y el desorden absoluto por parte del gobierno tripartito en la resolución del contrato con la empresa adjudicataria del servicio de grúa.

Recordó que la anterior concejala de Protección Ciudadana anunció en el mes de julio de 2016 la resolución del contrato y finalmente se ha resuelto en el mes de octubre de 2017.

«Esta resolución ha costado de momento cerca de dos millones y medio al Ayuntamiento ante el temor de que llevarlo a juicio pudiera derivar en la condena al pago de los once millones que exigía la contrata», afirmó.

«Ahora, vuelve a solicitar los servicios, en este caso a dedo, de la misma empresa a la que ha rescindido el contrato. Y además establece un importe mensual de 363.000 euros sin justificar esta cantidad, tal y como le ha reparado el interventor municipal».

Efectivamente, la Intervención del Ayuntamiento ha solicitado que se aporte «el expediente del estudio económico explicativo de la contraprestación económica en el periodo transitorio y la concreción de las condiciones para su percepción por la UTE». También solicita la Intervención «el establecimiento de un periodo máximo para el periodo transitorio de provisionalidad de la prestación y a la autorización del gasto autorizado y dispuesto con el que se atenderá al reconocimiento de las obligaciones que deriven de la prestación».

Realmente, el informe de la Intervención refleja que las cosas no se podían haber hecho peor.

Por último, Crespo señaló que «desde la rescisión del contrato se ha pagado un millón de euros y es seguro que la pretensión del Ayuntamiento es aguantar así el resto del mandato. Es evidente que no se va adjudicar un nuevo contrato dado que ni siquiera se ha generado un expediente de inicio del procedimiento» y recordó que la ley obliga al inicio inmediato de un nuevo concurso público.