El campo exige al nuevo ministro que la Xylella sea asunto de Estado

Los agricultores valencianos esperan que Planas demuestre su valencianía y tenga especial sensibilidad con esta autonomía en importantes asuntos para el sector

El nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, va a tener que demostrar su valencianía mientras ocupe el cargo. El sector agrario de la Comunitat Valenciana espera de él que empatice especialmente con esta autonomía y defienda la agricultura valenciana. En especial, desde La Unió de Llauradors reclamaron ayer a Planas que la plaga de la Xylella fastidiosa que afecta a Alicante, entre otras provincias, sea considerada «un problema de Estado».

Le instaron además a «ponerse en marcha cuanto antes para que avance en los temas que la ministra saliente se dejó en el tintero», en alusión a Isabel García Tejerina. La organización insistió asimismo en su rechazo a los recortes en las ayudas al sector planteados con la salida del Reino Unido y el «desplazamiento de la atención hacia políticas restrictivas de tipo agroambiental sin ningún tipo de contrapartida, a la vez que se potencian tratados con otros países que facilitan la competencia desleal de productos importados que no cumplen los mismos requisitos que los europeos».

Además, desde la asociación consideraron que el ministro «debe hacer un esfuerzo para presionar a Bruselas a extremar los controles en la frontera para evitar la entrada de plagas.

Bajada de impuestos

Los agricultores valencianos no son los únicos que quieren hacer llegar a los nuevos Ministerios sus reivindicaciones. Las pequeñas y medianas empresas exigieron ayer a la nueva responsable de Hacienda, María Jesús Montero, que reduzca los impuestos que se ven obligados a pagar. Además, también solicitan adecuar los gravámenes a sus beneficios reales. Si en 2016 solo un 35 por ciento de las pymes valencianas solicitaba este cambio, en 2018 la cifra asciende al 44 por ciento, nueve puntos más.

Estas son las principales reivindicaciones que se desprenden de la tercera edición del estudio «Las pymes españolas en el ámbito online» realizado por eBay, la plataforma de comercio global. Además, los gerentes de las pequeñas y medianas empresas de la región piden a Pedro Sánchez facilitar el acceso al crédito ( el 22 por ciento) para poder financiar sus negocios con garantías y la supresión del pago por adelantado del IVA a Hacienda (el 18 por ciento).

Los contratistas dan por perdido el año tras el cambio de Gobierno

La planificación de infraestructuras no es cosa de un día y arrancar el Ministerio de Fomento, tampoco. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana da el año por perdido. El responsable de esta cartera, José Luis Ábalos, debe nombrar ahora a todo su equipo, que incluye a los responsables de empresas públicas con capacidad inversora tan importante como Adif.

Explican que una vez transcurrido el primer semestre 2018, la aplicabilidad real de los Presupuestos asignados para este año, que asciende a 740,36 millones, es muy limitada.

Insisten también en la necesidad de impulsar de manera seria el Corredor Mediterráneo para que esté finalizado el tramo que afecta a la Comunitat Valenciana en 2023. Le recuerdan también que debe ejecutar el Plan de Cercanías, la segunda fase del soterramiento del Parque Central y Canal de Acceso.

Así mismo, preguntan si el nuevo ministro va a seguir con el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC). Las primeras licitaciones estaban previstas para la primera quincena de junio y entre ellas figuraba una primera obra que afectaba a la Comunitat Valenciana, concretamente, la autovía A-7 entre Crevillente (Alicante) y Alhama de Murcia (Murcia) por un importe estimado de 506 millones de euros.

Por este método concesional, los contratistas habían exigido dos actuaciones más. La A-7 (Castellón) entre Vilanova d’Alcolea y Traiguer y la ampliación la circunvalación de Valencia.

La Cámara de Contratistas le plantea también el futuro de la AP-7. La concesión vence en diciembre de 2019 y el PSPV ha sido especialmente activo en reivindicar que debe ser gratuita.

Sin embargo, desde este organismo argumentan que para liberalizar esta carretera será necesario que el Gobierno central reserve una partida de 15, 60 millones al año solo para su mantenimiento y conservación. Por este motivo, recomiendan reducir el coste del peaje y aplicar tarifas especiales para, por ejemplo, los residentes de la zona.