Cerco a la corrupción
El Consell emitirá un decreto que flexibiliza la Ley de Incompatibilidades
Oltra dice que no hay «caso Campos», que fue un error y pide interpretar con sentido la ley
La Ley de Incompatibilidades aprobada en octubre del pasado año lleva de cabeza al Consell. Ayer, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, admitió que si esta norma no se interpreta con sentido común, «se llega al absurdo». De ahí, que incidiese en la necesidad de un decreto que defina los supuestos que suponen infringir la ley.
La polémica venía a cuenta del caso del subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, para quien el PP exige su destitución por tener alquilada su clínica oftalmológica a una empresa sanitaria que trabaja para la Administración dentro del Plan de Choque.
Oltra insistió en que la ley de incompatibilidades está pensaba para evitar que uno se lucre por su cargo y debe interpretarse «desde el sentido común». Como ejemplo dijo que, esta norma llevada al extremo, haría imposible que la consellera de Vivienda, María José Salvador, alquilase un piso a un promotor con el que luego la Conselleria firma un contrato.
La vicepresidenta recordó que Campos cerró su negocio al entrar a formar parte del Consell y decidió alquilar su clínica. Es más, para incidir en su inocencia dijo que el grupo de empresas mantiene las mismas cifras de negocio con la Administración desde hace años.
Para completar su defensa calificó de «error» el hecho de que Campos olvidase incluir este alquiler en su declaración de actividades. «Hay que distinguir entre este error y los horrores del PP que son Gürtel o la contabilidad B».
Oltra avanzó que por el momento, la Conselleria de Transparencia no hará informe alguno sobre este caso. De esta manera, dio por válido el realizado por la propia Conselleria de Sanidad justificando el caso. Por último, emplazó a escuchar al subsecretario en Les Corts, donde ha solicitado comparecer.
El Consell también acordó ayer remitir a Les Corts el informe sobre la presentación de las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los altos cargos. Oltra dijo que salvo «algún caso aislado» de personas que están al frente de fundaciones todos han cumplido con esta obligación.
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