El Consell reclama cambios en la ley para agilizar los casos de corrupción

El PP valorará qué hacer con la ex consellera Martínez cuando se le abra juicio

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano

Los casos de corrupción asfixian a los populares. El mismo día que estallaba el asunto de las cuentas en Suiza del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, se conocía la pena que la Fiscalía solicita para la ex consellera de Turismo, diputada popular y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, por la adjudicación de contratos a la trama Gürtel. Once años de prisión son una pena demasiado elevada para que el PPCV pase de puntillas por este asunto. Ayer, el vicepresidente del Consell, José Císcar, fue un día más el encargado de explicar por qué el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no corta esta situación.

«La legislación debería modificarse para que los casos de corrupción tuviesen una resolución más rápida. Lo que no puede ser es que se eternicen en años». Admitió que los ciudadanos tienen motivos para estar indignados, pero trató de justificar el proceder del presidente Fabra. «Actuamos siguiendo parámetros objetivos y en función de las circunstancias. El escaño es personal», dijo Císcar que tras varias preguntas reconoció que el caso de Martínez se volverá a poner sobre la mesa cuando se le abra juicio oral.

Este anuncio no quiere decir que la diputada popular sea expulsada del partido en ese momento, puesto que los Estatutos del PP no obligan a tomar esta medida hasta que se produzca una sentencia condenatoria. El caso más reciente es el exalcalde de Torrevieja, Hernández Mateo, quien dejó su escaño el mismo día en el que conoció la pena de tres años de prisión por prevaricación continuada.

«Actuamos con contundencia y tal vez no con los tiempos que muchos querríamos, pero las precipitaciones son malas porque se pueden cometer injusticias».

Por su parte, el presidente Fabra también se refirió al caso de la alcaldesa de Novelda en un acto en Castellón. Aseguró que tiene la oportunidad de defenderse. Insistió en que todos aquellos altos cargos imputados han tenido que dejar sus responsabilidades de Gobierno y los diputados han sido apartados de sus responsabilidades de dirección en el grupo popular. «Esto va a seguir así, hemos marcado una línea roja que ha afectado a muchas personas».

También se refirió al exconseller y diputado Vicente Rambla, quien ha sido exculpado de la causa de Fitur, «defendió desde un primer momento su inocencia».