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Compromís

El grupo popular votará hoy la expulsión de Blasco

Blasco abandonó ayer Les Corts sobre las dos de la tarde. Llevaba un archivador y varias bolsas con papeles larazon

El grupo popular de Les Corts se reunirá hoy a la seis de la tarde con un punto muy claro en el orden del día: expulsión del diputado Rafael Blasco. Todos los diputados están convocados, y el reglamento interno del grupo les obliga a ir y a votar.

Blasco, que ha de estar presente, puede pedir que la votación sea secreta para tratar de lograr una mayor fuga de votos, que se prevé que será mínima. Alfonso Rus ha anunciado que no acudirá a la reunión y por extensión, se prevé que su concejal de Xàtiva y también aforada, María José Masip tampoco lo haga. Incertidumbre hay también sobre el voto de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi... y poco más.

Los demás se prevé que acaten la disciplina del partido y dejen a Blasco en la soledad del grupo de los no adscritos, porque una cosa está bien clara: el diputado no va a dejar su acta.

Realizada la votación, el resultado se trasmitirá a la Mesa de Les Corts, como obliga el Reglamento en su artículo 27, y ésta decidirá, oída la Junta de Síndics, el procedimiento para la intervención del diputado en el pleno y las comisiones. El PP intentará restar todo el protagonismo que pueda a Blasco, aunque éste tiene derecho a hablar el tiempo proporcional a su representación. Habida cuenta de que en la actualidad todos los grupos disfrutan del mismo tiempo, Blasco tendría, al menos, una quinta parte del tiempo del que disfrute EU, el grupo más pequeño, con cinco miembros.

Respecto a las preguntas al Consell, ahora mismo está regido que a las mismas se destinan dos horas del pleno, a diez minutos por pregunta, lo que da lugar a doce preguntas al Consell en cada pleno, que se reparten en tres preguntas para cada grupo parlamentario. Si se concede alguna de éstas a Blasco, se tendrá que quitar de la de algún grupo, o añadir una pregunta número trece.

A lo largo del día de ayer también estaba previsto que se le entregara a Blasco el pliego de cargos que vio el Comité de Garantías y por el que se le decidió expulsar del partido, para que tenga la oportunidad de alegar, aunque a última hora de la mañana Blasco afirmó no haber recibido nada.

Ayer, el diputado Blasco estuvo toda la mañana en el Parlamento, y nadie se dirigió a él. Tan solo los periodistas frecuentaron su despacho.

Mientras, la actividad de la dirección del grupo era frenética y un tanto desordenada. Lo que se decidía a las diez, se descartaba a las doce, y vuelta a empezar. Y reuniones y más reuniones.

A primera hora de la mañana, el presidente de la Generalitat se reunió con el portavoz «popular», Jorge Bellver, en el Palau de la Generalitat. De esa reunión salió una primera instrucción de recabar 28 firmas y trasladarlas a la Mesa de Les Corts para que diera por buena la mayoría expresada en esas firmas y se tuviera por presentada y solicitada la expulsión de Blasco.

Sin embargo, el sentido común, la experiencia con la expulsión de Gloria Marcos (EU) y las consultas al servicio Jurídico de la Cámara, hizo cambiar de opinión a la dirección del PP.

El experimentado Rafael Maluenda (ha estado en todas las legislaturas del periodo democrático) también desaconsejó el procedimiento de las 28 firmas y recomendó reunir al grupo. Hacia el mediodía, Jorge Bellver fue a hablar con el secretario general del partido, Serafín Castellano, a la sede de la Conselleria de Gobernación que éste dirige.

La decisión se cerró, casi a regañadientes, a la seis de la tarde.

No se actuó igual en otros casos

El entorno de Blasco recordaba ayer que hay más imputados en el grupo, algunos procesados, para los que no se adopta la misma decisión. También recordaron que a Ricardo Costa se le expulsó del partido y no se le tiró del grupo parlamentario. El plante de diputados ante la presentación del programa de inversiones de Francisco Camps en 2004 «organizado por Serafín Castellano» también salió a colación. Lo que nadie duda es que Blasco va a mirar el proceso con lupa y llevará a los tribunales cualquier «error» que se pueda cometer.

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