El PPCV, convencido de que Génova también pedirá el acta a los ediles

No hay dos caminos diferentes para los concejales populares-desde el lunes «temporalmente» independientes- del Ayuntamiento de Valencia. El PPCV insistió ayer en que los procesos abiertos desde la dirección regional y desde la nacional para afrontar la crisis abierta tras la implicación en el «caso Taula» de nueve de los diez ediles del grupo municipal, son «paralelos».

El presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, explicó ayer que la dirección regional ha sido muy clara desde el principio y acordó con los investigados que si se mantenían los cargos por blanqueo de dinero tras la apertura del sumario, deberían renunciar a su acta.

Posteriormente, Génova decidió abrir un expediente informativo a los concejales para determinar qué responsabilidades políticas deben asumir por estos mismos hechos y «ambas situaciones seguramente tendrán que confluir».

Dentro de este proceso es en el que se enmarca el hecho de que se haya aceptado la baja voluntaria del partido de los nueve concejales que, de momento, continúan formando parte del grupo popular. Sin embargo, Santamaría insistió en que el expediente sigue abierto incidiendo en que Génova no conoce el asunto de manera tan próxima como ellos, por lo que es lógico que requieran más tiempo para tomar decisiones.

En cualquier caso, confían en que el resultado final será el mismo que impuso la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Si no dejan su acta, serán expulsados del partido y pasarán a formar parte del grupo de los no adscritos. Así se les exigirá en diez días a partir de ayer, el tiempo que marca la carta enviada por Bonig a los ediles para recordar cuál es la directriz marcada desde la dirección regional PP.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, corroboró que se les expulsará «fulminantemente» si la investigación interna demuestra que cometieron irregularidades o si se abre juicio oral contra ellos. Además, afirmó que existe un respaldo «absoluto» a Isabel Bonig.

Aunque los concejales se agarran a los Estatutos para defender su postura y alegan que la expulsión del partido no puede producirse hasta que abra juicio oral, el reglamento del PP contempla como infracción muy grave y por tanto, motivo de expulsión, «la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de Gobierno del partido».

Así mismo, la última ponencia sobre este asunto marca que los militantes que se den de baja voluntariamente deberán devolver al partido la representación institucional que ostenten.