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El socialista Echávarri, al borde del segundo procesamiento

La fiscalía apunta al alcalde de Alicante un delito de prevaricación por el despido de la cuñada del portavoz del PP

  • El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante su comparecencia el lunes en la que anunció que dejará su cargo si la socialista Montesinos ocupa la Alcaldía
    El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante su comparecencia el lunes en la que anunció que dejará su cargo si la socialista Montesinos ocupa la Alcaldía
Alicante.

Tiempo de lectura 4 min.

13 de marzo de 2018. 20:20h

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Alicante. 14/3/2018

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, tiene cada vez menos margen de maniobra para defender la vara de mando. La fiscalía pidió ayer a la jueza que procese al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, como presunto autor de un delito de prevaricación, al considerar que despidió de forma arbitraria a una funcionaria interina por ser cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

El fiscal encargado del caso, José Llor, considera que el alcalde incurrió en una «grave desviación de poder» y tomó una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Echávarri ya está procesado, junto a dos de sus asesores, en el «caso Comercio» en el que se le atribuye una presunta prevaricación por el fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de ese área por valor de unos 144.000 euros.

Por lo que respecta a la funcionaria interina, esta fue despedida en abril de 2017 y readmitida semanas después a petición del pleno del ayuntamiento.

El alcalde sostiene que el despido fue legal porque desempeñaba funciones diferentes a las que habían motivado su contratación y negó que esta decisión respondiera a una venganza contra el portavoz del PP por haberle denunciado.

No obstante, el cese de la trabajadora, que está adscrita a la Concejalía de Cultura y desarrolla su labor en un centro expositivo de la ciudad, se produjo días después de que Barcala presentara dicha denuncia.

El fiscal considera ahora en su escrito que el alcalde «puso en marcha todos los mecanismos del ayuntamiento» para asegurar su «finalidad», que no era otra que una «represalia» por la actuación del portavoz del grupo popular.

Por otra parte, el fiscal pidió en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, que se archive el procedimiento respecto del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, porque no aprecia dolo en su actuación.

Tras conocer su procesamiento por el «caso Comercio», Echávarri anunció que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral y si la actual vicealcaldesa, la socialista Eva Montesinos, tiene los apoyos para sucederle.

Sin embargo, la composición del Ayuntamiento no garantiza que esto vaya a suceder. Montesinos necesita 15 votos y a día de hoy solo tiene asegurados los seis del PSPV y los tres de Compromís. Guanyar, coalición de izquierdas que tiene cinco ediles, no ha confirmado su voto e incluso así, haría falta uno más para llegar a los 15. Este podría llegar de uno de los no adscritos, la ex podemita Nerea Belmonte, que fue expulsada tras conocerse que dio varios contratos menores a compañeros de partido.

En el caso de que se perdiese la votación, el alcalde de Alicante sería directamente el cabeza de lista del partido más votado y el PP, con Luis Barcala, recuperaría el Ayuntamiento.

Puig no se atreve a «interpretar» a Echávarri

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, no ha querido desgastarse con los líos judiciales de su compañero Gabriel Echávarri. Se ha mantenido con tanta prudencia al margen que ha llegado a decir que era un asunto interno del Ayuntamiento. Ayer dijo no querer «interpretar» a Echávarri, pero aseguró que su impresión es que la situación «está en vías de solución».

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