Elena Cebrián: «Los agricultores han de organizarse para tener mejores precios»

–¿Qué es lo que más le sorprendió de lo que encontró en la Conselleria a su llegada? Ustedes siempre han dicho que hacía años que no se ejecutaba nada desde este Departamento.

–Fue una sensación de vértigo. Lo más dificil en los primeros meses fue construir una Conselleria como tal, porque no existía en los últimos años. Nuestro esfuerzo es agilizar la tramitación administrativa. Tenemos centenares de procedimientos distintos muy complejos que ralentizan la actividad económica y me gustaría agilizarlos y hacer que la Administración sea amable con el ciudadano. Después del esfuerzo de estos meses, ahora la bicicleta ya echa a andar.

–En alguna ocasión se han quejado de la falta de personal en la Conselleria, ¿cómo piensan solucionar este problema?

–Es una de las cosas más graves que nos hemos encontrado. Hay una falta de funcionarios real, existen cifras de la cantidad de vacantes que han estado sin cubrir durante años, me parece muy grave. Además se abusó de una forma poco correcta administrativamente hablando de la empresa pública Vaersa para solucionar esos problemas que no son más que parches. Por eso estamos solicitando a Función Pública y Hacienda que se dinamicen todos los procesos a corto y medio plazo, para conseguir coberturas mediante interinos y, en el plazo más razonable posible, se vayan abriendo oposiciones.

–¿Detectan mayores controles a la hora de pedir fondos a la UE?

–En la UE son muy conscientes de nuestra situación, nos miran con lupa y están muy preocupados por todo lo que se oye sobre la corrupción. Están exigiendo más información, pero también nos dan un cierto margen para que vayamos demostrando todo lo que estamos haciendo. Tenemos una hipoteca reputacional que nos va a costar salvar, pero es muy importante que vayamos demostrando que estamos poniendo medidas correctoras.

–¿Usted diría que hay fondos europeos para la Comunitat que están en peligro por este mayor control?

–La Comisión ha advertido de que van a estar especialmente vigilantes de cómo demostramos los últimos años de gestión y cómo se está aplicando el programa de fondos actuales. En el pasado se perdieron fondos compartidos por que la Generalitat no podía aportar su parte, son situaciones que nos va a costar mucho demostrar que ya no van a pasar.

–El sector se ha mostrado bastante indignado por lo que considera un interés excesivo en la producción ecológica. ¿Cómo va a conciliar su postura con esta queja?

–No hay ningún motivo por el que preocuparse. Precisamente por que la ecológica representa tan poco en el valor final de nuestra producción agraria, es que requiere un impulso mayor. Pero eso no quita que se siga invirtiendo en la agricultura convencional. La producción ecológica ha estado muy poco atendida, cuando en la Comunitat fuimos pioneros hace 30 años. Solo queremos seguir la tendencia del mercado, sería incomprensible que dijéramos que es algo que no nos interesa, cuando hay demanda y muchos agricultores están mostrando interés. Pero no va a quitar mercado a la convencional, se complementan.

–Ellos dicen que es imposible trabajar sin pesticidas y que eso nos sitúa en inferioridad de condiciones respecto a otros países que sí los usan.

–En la producción ecológica no se prohíbe todo producto sino que se regulan, y hay productos que son menos tóxicos. La normativa de reducción de fitosanitarios es muy estricta y tiene que seguir siéndolo, porque son productos químicos y hay que regularlos. Es verdad que en algunos casos nos ha dejado con una relativa desprotección con respecto a producciones de otros países que sí que tienen esos productos y se generan distorsiones. Pero son dos caras de una misma moneda, ellos no están sometidos a los mismos requisitos, pero nuestra producción está más libre de productos fitosanitarios, y eso es algo que el consumidor valora.

–¿Cree que hay bastante diálogo con estas organizaciones?

–Sí, nos hemos reunido mucho desde el primer día. Forma parte más que de la realidad, del juego de presión, ellos son un órgano reivindicativo y ejercen su labor. Yo lo acepto y tenemos que seguir trabajando. Son sindicatos agrarios, y son «lobbies», que es un concepto que en Europa se utiliza mucho y no tiene la connotación negativa que se le da aquí.

–Hablaba antes de Vaersa y la Conselleria cuenta también con el IVIA y otras empresas públicas. ¿Qué planes tiene para estas sociedades?

–En el caso del IVIA la falta de personal investigador es todavía más grave. En doctores investigadores creo que se supera el 40 por ciento de vacantes. Eso no puede ser. Para acceder a financiación para proyectos de investigación hay que tener doctores investigadores. Además, el IVIA necesitaba también otra vez sentirse valorado y ayudar al sector. Los últimos años había una desconexión entre los investigadores y el sector agrario. Hay que trabajar más en la transferencia al campo, por eso haremos una nueva Ley del IVIA.

–¿Y en Vaersa?

–Vaersa es otro mundo. Eso sí que fue un impacto cuando llegué, porque es como otra Conselleria, tiene alrededor de 1.300 trabajadores. Desde el principio vimos que el personal que trabaja sujeto a encomiendas, que es mucho, tiene condiciones laborales que no nos gustan nada y que tienen que mejorarse de alguna manera. Hemos encontrado muchas malas prácticas, no necesariamente constitutivas de delito, pero formas de trabajar raras y que llevan a mucha paralización. Se ha desperdiciado mucho dinero, había facturas sin pagar, avales sin ejecutar desde hace muchos años... Esto hace que un instrumento tan potente, cueste mucho de sacar adelante. Tenemos que conseguir que la gente de Vaersa esté contenta. No quiero que cuando metes Vaersa en Google solo salgan cosas negativas relacionadas con la corrupción, sino que salgan todas las cosas positivas que hace por la sociedad.

–¿Cree que son posibles nuevos recortes de personal en Vaersa?

–Más que recortar, hay que volver a gestionar bien algo que es público. Vaersa es un gran instrumento y hay que aprovecharlo. Y los trabajadores tienen que recuperar el orgullo de pertenecer a ella.

–Hay dos Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) pendientes de pasar por la Comisión de Evaluación Ambiental, ¿cuál es la postura de la Conselleria respecto a estas actuaciones?

–Los proyectos más polémicos lo son porque tienen unos tremendos impactos de todo tipo. En la Comisión se sigue la normativa de lo que tenemos que exigirles a los promotores, porque a nadie se le escapa que estos proyectos, en concreto Puerto Mediterráneo, tienen una incidencia tremenda, son unos megaproyectos con dudosa viabilidad desde muchos puntos de vista y tenemos que llegar a ver cómo eso encaja en el cambio de modelo productivo que el Consell ha dicho que va a hacer. Si no encajan, no encajan. Tenemos muchas otras iniciativas empresariales, de las pymes, de necesidades territoriales tremendas en este país, que necesitan atención ahora.

–Pero en la Comisión de evaluación ambiental no hay que evaluar si encaja en el modelo productivo, sino cuestiones ambientales.

–Si, es nuestra parte de todo el proceso administrativo.

–Dentro del Consell hay disparidad de opiniones respecto a las ATE...

–Claro, porque las hay en la sociedad. Si uno echa la vista atrás y mira las otras experiencias que hemos tenido de grandes proyectos en la Comunitat, me cuesta encontrar ejemplos que hayan funcionado y que hayan cumplido todas las expectativas. Encima varios de esos ejemplos nos están costando dinero a los contribuyentes. Es el momento de ser muy cautos en todos estos megaproyectos.

–¿En qué fase se encuentra el nuevo plan de residuos?

–Lo que ha habido que hacer primero es un escaneo de toda la Comunitat para ver cómo estaba la situación. Hemos encontrado escenarios urgentes que había que atender, como toda la Vega Baja, y la necesidad de rehacer todos los consorcios, en algunos casos ni siquiera estaban constituidos. Había que identificar también el estado de las infraestructuras de gestión de residuos y los vertederos que es necesario ir cerrando. Todo eso se irá reflejando en esa revisión del plan de residuos, pero ahora lo más inteligente ha sido atender los problemas que teníamos en este momento. El plan integral de residuos tiene que complementarse también con la concienciación.

–El agua es otro de los temas controvertidos en el sector. ¿Podría definir claramente su postura ?

–Mi posición se apoya en dos pilares fundamentales. Lo que dice la opinión científica y la normativa. La normativa nacional prevé infraestructuras para combinar los recursos que vienen de trasvases, con otras fuentes, y en especial la desalinizada. No es una u otra, es combinarlas de la forma más inteligente posible, porque nos tenemos que preparar para el futuro. Las sequías se van a ir repitiendo de forma cada vez más recurrente.

–En el caso del Júcar-Vinalopó la transferencia no acaba de arrancar y se mantiene el enfrentamiento entre los regantes.

–Esto es demasiado serio para plantear guerras, nos jugamos demasiado. En el Júcar-Vinalopó se prometieron durante muchos años unas infraestructuras y no se hicieron y mientras tanto fueron alentando esa desconfianza entre alicantinos y valencianos. Eso se ha acabado, lo hemos explicado y está aceptado. Hemos dejado claro que la toma en la Azud de la Marquesa es la solución óptima, no tiene sentido ahora plantear Cortes de Pallás. Pero nos hemos encontrado con que en la margen izquierda hay un gran proyecto, estimado en 40-46 millones de euros, que no está ni empezado. Y la balsa de San Diego, con una capacidad de regulación de 20 hectómetros cúbicos y que es fundamental, no se puede usar porque hay unas grietas que tiene que reparar el Ministerio.

– La personación de la Generalitat en los recursos presentados por Castilla-La Mancha, ¿no empeora la guerra del agua?

–Decidimos personarnos cuando vimos que esos recursos eran regulares, a cada decisión de trasvase. La personación es el instrumento previsto en la normativa para defender tus intereses y te permite acceder a toda la documentación.

–El problema de siempre de los agricultores es el precio. ¿Qué se puede hacer desde la Administración?

–Es un mercado difícil de organizar y en el que las Administraciones tampoco pueden entrar porque estamos en una economía de libre mercado, y así debe ser. Hay que ir hacia buenas prácticas comerciales. En la reunión con los distribuidores vi que ellos son los primeros que son conscientes de que tienen que cuidar al agricultor, porque el cliente también quiere que el producto sea de aquí. Pero los agricultores tienen que organizarse mejor, en cooperativas por ejemplo. Hay que estructurar mejor la producción. Con un poco más desde esta Conselleria podríamos hacer mucho, pero soportamos estar infrafinanciados. El medio rural podría sacar muchas cosas adelante.