Fiscalía apela a la Audiencia porque no ve delito en la construcción del circuito de F1

El Ministerio Público dice que el hecho de que costara 88 millones no supone «per se» un delito de malversación

El fiscal Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación que deberá dirimir la Audiencia de Valencia, después de que la juez de Instrucción 17 se negará a archivar la causa de la Fórmula 1 tras el informe del Ministerio Público en el que no apreciaba la comisión de delito punible alguno y expone que «decir que no iba a costar un euro no es delito».

El fiscal insiste en un escrito que no existe indicio alguno de que Camps instase las contrataciones necesarias para la construcción del circuito «con abuso de poder o amparadas en el uso ilegítimo del mismo» (prevaricación) ni tampoco de que pudiese haber incurrido en malversación, mucho menos en su modalidad agravada, que sería la única que impediría la prescripción.

«Decir que el circuito costó 85 millones de euros y que dijo el presidente que no iba a costar un euro (...) no integra ningún delito, como tampoco que la construcción del circuito haya supuesto un coste para las arcas de la Generalitat, pues lo que integra el tipo (malversación) es apropiarse o consentir que otro se apropie de los efectos y caudales, y es público y notorio que el circuito se realizó y que los grandes premios se celebraron», añade el fiscal.

A juicio del Ministerio Público, la instructora «no da debida respuesta a una cuestión nuclear, y que debe ser apreciada de oficio en cualquier estado de la causa», como es la prescripción de parte de los hechos que son objeto de la investigación.

En este sentido, menciona «la sobrecarga de juzgados y tribunales y el coste humano y para el erario de proseguir con procedimientos penales cuando los hechos indiciariamente delictivos están prescritos».

Recuerda que la investigación quedó ceñida a tres contratos adjudicados a la UTE Typsa-Ayesa por parte de la Generalitat y al testimonio de un trabajador de una de estas firmas, que dijo que había trabajado en el proyecto antes de su adjudicación.

Sin embargo, el fiscal entiende que solo uno de estos contratos, por el que en junio de 2007 se abonaron 184.320 euros, se realizó antes del Decreto de Presidencia del 26 de marzo de ese mismo año que suponía el inicio administrativo de las gestiones para la realización del circuito.

Esa cantidad, en caso de haber sido malversada, no permitiría aplicar la modalidad de delito agravado, apunta el fiscal, que recuerda que «están proscritas las investigaciones generales o prospectivas».

El fiscal lamenta que no exista «mayor razonamiento» para «apartarse de la conclusión que informa la pericial» y que «tal valoración debería hacerse siguiendo las reglas de la sana crítica».