Política

La Comisión de Taula pide informe jurídico sobre sus competencias y atribuciones

El «yonki del dinero» comparece de nuevo para no contestar a las preguntas de ningún grupo parlamentario.

El «yonki del dinero» dijo al comienzo de su intervención que no iba a contestar a ninguna pregunta, y así lo hizo pese a los reiterados requerimientos de los diputados
El «yonki del dinero» dijo al comienzo de su intervención que no iba a contestar a ninguna pregunta, y así lo hizo pese a los reiterados requerimientos de los diputados

La presidenta de la Comisión de investigación sobre el caso Taula, Isaura Navarro, acordó ayer con todos los grupos parlamentarios, solicitar un informe a los servicios jurídicos del Parlamento sobre las competencias de la comisión de investigación y sus atribuciones, así como la obligación de los comparecientes tanto de comparecer como de declarar. Todo ello después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la parte del dictamen de la Comisión de Investigación del accidente del Metro en el que se hacía responsable político del accidente a un trabajador de FGV.

Por lo que respecta a la comisión de ayer, Marcos Benavent, uno de los comparecientes, volvió a ir para no responder a una sola pregunta. En los pasillos sí que refirió que la comisión «era una pantomima» y que los políticos «no me representan». Además dijo que, si tanto creían en la división de poderes, que dejaran de inmiscuirse en el trabajo de los jueces y la Policía.

La que sí habló y explicó un buen número de cosas fue la exjefa de Administración de la Fundación Jaume II el Just, Ana Isabel Trujillo. La directiva, contratada en 2008 dijo que lo que detectó cuando llegó a su puesto era que la Fundación había gastado mucho más de lo que tenía presupuestado, pero que las facturas se correspondían con cosas que se habían hecho.

Sobre la figura de Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación e investigado en la causa Taula, dijo que «sí que había contratado con Cleop y que Temática Eventes», pero que desde su marcha ya no concursaron. Y añadió que «noté un estado de nerviosismo en los acreedores que no habían cobrado, pero las facturas que yo encontré se correspondían con contratos firmados por el anterior gerente». Explicó que «no encontré información laboral, y hallé muy poca información en los ordenadores».

Sin embargo, desmintió otros extremos como el alquiler de un piso en la calle Salamanca «probablemente era la dirección particular de la dueña del bajo donde estábamos en Beltrán Báguena» y negó que se hubiera gastado 700.000 euros en disfraces para la cabalgata conmemorativa del Any Jaume I, «en ese importe está todo, desde los trajes a los caballos, las carrozas, la seguridad, las vallas...»

También dijo que las oscilaciones de precios eran muy relativas, «porque con la crisis, las empresas ofrecían bajas temerarias».

Por su parte, la exconsellera de Cultura, Trini Miró defendió que todas las facturas pagadas por la Fundación «fueron labores realizadas» y que destituyó a Burgos al no ser de su confianza.

Nuevo plantón a la Comisión de investigación de Crespo Gomar

La directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad en 2008 y candidata socialista a la alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu, no asistió ayer a la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la financiación electoral del PSPV y Bloc.

Con ella fueron cinco las personas que dieron plantón a la comisión, al igual que sucedió en la sesión de la semana anterior.

Ayer también faltaron Gracia Font, Anabel Hallado, Mario Antonio Barceló y Ana Kringe, esta última ha sido notificada tres veces y consta a la comisión que tiene la citación.

El presidente de la comisión, César Jiménez (Podemos) achacó las ausencia a las dificultades y «precariedad» con la que trabajan Les Corts a la hora de realizar las notificaciones a las personas que deben acudir.

Jiménez explicó que las notificaciones se realizan por burofax, de manera que se hacen tres intentos en el domicilio de entregarla en mano a la persona citada, y a la tercera, se deja un aviso para que recoja la notificación en Correos.

Tras pedir colaboración institucional para poder acceder a algunos de los comparecientes citados, Jiménez planteó también la necesidad de valorar qué acciones tomar con aquellas personas que han sido notificadas y no han acudido a Les Corts Valencianes.

Señaló que las sanciones en el caso de aquellas personas que tienen la notificación pero no acuden a la cita están recogidas en el Código Penal, pero no sabe qué pasa con aquellos que saben que deben recoger una notificación pero no acuden a por ella.