La defensa cree que Vilar acusa a Fabra como venganza por apoyar a su mujer

La sección primera de la Audiencia de Castellón comenzó ayer el denominado juicio del caso Fabra en el que se juzga al expresidente de la Diputación de Castellón, a su exesposa, Desamparados Fernández; al empresario Vicente Vilar, y su excónyuge, Monserrat Vives, y al exsenador del PP, Miguel Prim.

Las defensas de los acusados hicieron frente común en la mayoría de las peticiones al juez antes del comienzo de juicio tal cual. Estas eran principalmente, la expulsión de la acusación particular que ejerce la OCU (Organización de Consumidores) al haber incluido hechos y personas que ni están imputados ni se consideran probados, excediendo así del relato de los hechos probados, exigencia del procedimiento abreviado.

El letrado de Fabra, Javier Boix, enumeró cada una de las acusaciones del escrito de la OCU que no constaba en los hechos probados y dijo que constituían una «acusación sorpresiva» y por tanto, una vulneración de los derechos fundamentales. Todas las defensas hicieron propia esta cuestión previa.

El juez dio la razón en parte a las defensas y les aseguró que solo se juzgaría los hechos que se consideran probados en el auto de apertura del juicio oral, y que tampoco se atendería a las imputaciones que el abogado de la OCU había realizado sobre otras personas que ni están imputadas ni lo han estado. Pero consideró legítimo el ejercicio de la acusación particular y rechazó apartar a esta parte del juicio.

Las defensas también pidieron el reconocimiento de la prescripción de los delitos económico lo que originó un debate entre defensas y acusaciones sobre la jurisprudencia de aplicación.

Otra de las discrepancias fue el reconocimiento como peritos de los inspectores de la Agencia Tributaria que habían rastreado las cuentas y haberes de los imputados ya que «no se puede ser a la vez perito y acusación» y las defensas expusieron que los peritos pertenecen a una unidad de auxilio a la Fiscalía, de la que reciben las órdenes.

La defensa de Monserrat Vives aportó la grabación de un juicio celebrado el 3 de mayo contra el exempresario por falsificación de sellos, con el que quería demostrar su escasa credibilidad. Esta prueba fue aceptada, y sobre las peticiones de prescricpción de delitos y de la «contaminación» de los peritos, el juez se pronunciará en la sentencia.

A Fabra se le imputan un delito continuado de tráfico de influencias y cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que se le pide trece años de prisión. Para la que fue su esposa se piden seis años de prisión por tres delitos contra la Hacienda. Tanto a Vilar como a su exesposa se les acusa de delito continuado de cohecho y se piden cuatro años a cada uno. Al exsenador, Miguel Prim se le pide un año de cárcel por trafico de influencias.