La Justicia vuelve a frenar la política lingüística del Consell

El TSJ asegura que la Generalitat «ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat» en once artículos del decreto que regula el uso de la lengua en la Administración

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado de nuevo un fuerte varapalo a la política lingüística del Consell. Ayer, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano anuló once artículos del Decreto 61/2017 de la Generalitat Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la Administración pública autonómica.

Se trata de puntos en los que se establece el uso del valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y servicios de interés público, así como en la comunicación de empleados públicos entre sí y con los ciudadanos.

Según los magistrados, la parte anulada del texto «ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat», reconocida en el Estatuto de Autonomía. Tras recordar «la inexistencia de un deber de conocer el valenciano», el Tribunal entiende que redactar únicamente en valenciano «conculca el régimen de cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Enseñanza del Valenciano».

Además, la sentencia insiste en que el uso exclusivo del valenciano para las zonas de habla valenciana y la posibilidad de emplear las dos lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano «no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes».

«Una nueva ilegalidad»

Desde el Partido Popular, quien interpuso el recurso, se celebró ayer que la justicia ratificara «una nueva ilegalidad» del Gobierno valenciano en materia lingüística. También en Ciudadanos se calificó de «descaro» el intento del Consell por «intentar controlar cómo debe comunicarse el personal de la Administración».

Conselleria de Educación anunció ayer mismo que ya estudia recurrir la sentencia, que no es firme, ya que «no se limita el uso del castellano en la Administración», entre otros puntos.

Proteger el valenciano según la Ley

El Alto Tribunal Valenciano indica que «la protección y recuperación del valenciano (...) ha de acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y normal en todas las administraciones públicas».